En medio de los cuestionamientos a la Cámara de Casación Penal, una de sus integrantes, Amelia Berraz de Vidal, presentó ayer su renuncia con el argumento de que le concedieron la jubilación. La jueza pertenece a la sala de ese tribunal que fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura por familiares y sobrevivientes del terrorismo de Estado, por obstaculizar las causas sobre los crímenes dictatoriales. En realidad, el pedido de juicio político no apuntaba directamente a ella, que está excusada en las megacausas de derechos humanos por su amistad con uno de los militares imputados, pero pedía que se la investigara.

Berraz de Vidal mandó el texto de su renuncia “definitiva” al Ministerio de Justicia, que a su vez lo giró al Consejo de la Magistratura para que haga observaciones si lo cree necesario. Se limita a decir que la decisión está “motivada en el otorgamiento de la jubilación” y propone que se haga efectiva a partir del 1º de junio porque, señala, es el tiempo que necesita para completar el trámite previsional.

Sin embargo, hace apenas dos semanas recrudecía el revuelo por las demoras de la Cámara de Casación en el trámite de las causas de derechos humanos. Fue tema central del discurso de Néstor Kirchner en el acto por el aniversario del golpe, al que le sucedió una pelea pública que tuvo como protagonistas al camarista del tribunal Alfredo Bisordi, que lo acusó de intromisión en la Justicia, y al ministro del Interior Aníbal Fernández, que le reclamó la renuncia al juez. En el debate se metió hasta la Corte Suprema, con un pedido de “mesura” y respeto a la “independencia judicial”.

Bisordi no renunció, pero pidió licencia por treinta días alegando razones de salud, cuestionado por sus colegas después del alboroto que había generado. Berraz de Vidal prefirió irse directamente y evitar males mayores. Ahora tiene que esperar que el Gobierno acepte su decisión.

Bisordi es uno de los de miembros de Casación que fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura por 61 querellantes de las causas sobre los crímenes de la ESMA, Primer Cuerpo de Ejército y Plan Cóndor. Los otros con pedido de juicio político son los compañeros de Berraz de Vidal en la Sala IV: Gustavo Hornos y Ana María Capolupo de Durañona y Vedia. A ellos se suma Eduardo Riggi, que reemplazó a la jueza renunciante en los casos en que se excusó de intervenir por su amistad con Bernardo José Menéndez, ex jefe del grupo de artillería de defensa aérea 101 del Ejército durante la última dictadura, acusado por desapariciones en jurisdicción del I Cuerpo.

El abogado Rodolfo Yanzón recordó que si bien la denuncia no pidió el juicio político de Berraz de Vidal, señalaba su posible responsabilidad en las demoras y obstáculos en los expedientes. “Nosotros planteamos que hay que investigar a todos. La renuncia de esta jueza va a ahorrar trabajo”, aclaró. “Ella fue la que diseñó, junto con Capolupo, el cambio de criterio de la Cámara de Casación para beneficiar a los militares con excarcelaciones. Utilizaron en 2005 un caso de hurto, conocido como Pietro Cajamarca, donde dijeron que el derecho a la libertad va más allá de la gravedad de los crímenes por los que alguien está acusado. Nosotros estamos de acuerdo con la excepcionalidad de la prisión, pero aquel caso se usó con una intencionalidad”, señaló.

Berraz de Vidal comenzó su carrera judicial en 1956, en el juzgado electoral de Neuquén. A comienzos de los ’80 fue jueza correccional de menores y en 1984 asumió como jueza federal en el fuero porteño. Estuvo al frente de causas conocidas, como el Yomagate, en la que llegó a dictar la prisión preventiva de la ex secretaria de Audiencias de Carlos Menem Amira Yoma y del ex secretario de Recursos Hídricos Mario Caserta. También tuvo un caso que involucraba a Diego Maradona, procesó a ex funcionarios del Banco Hipotecario e investigó el vaciamiento de Aerolíneas Argentinas. En 1993, Menem la nombró camarista de Casación. Mientras tanto, el Consejo de la Magistratura recibirá mañana a Yanzón y otros querellantes que denunciaron a la Cámara de Casación, que expondrán sus razones al plenario del organismo.