La Corte Suprema todavía sigue discutiendo grandes temas derivados de la crisis de 2001 e intentará terminar de resolverlos a lo largo de abril. Entre ellos figuran las demandas contra el Estado por las reducciones salariales que se produjeron en el contexto de la emergencia económica. Una definición sobre este asunto podría impactar en varias provincias y, como criterio, a nivel general. El alto tribunal, además, buscará definir en su próximo acuerdo los reclamos de ahorristas que depositaron su dinero en mutuales en lugar de bancos.

Los planteos por los recortes salariales en el Estado basados en la emergencia económica provienen, en muchos casos, del interior del país, donde cada provincia aplicó diferentes descuentos en sectores variables de sus administraciones locales. La Corte deberá pronunciarse sobre la validez de esas reducciones, que en el contexto de la crisis fueron aplicadas tanto por el sector público como por las empresas privadas. Algunos de los que sufrieron esas pérdidas reclamaron ante la Justicia.

En el capítulo sobre la pesificación, el alto tribunal ya se pronunció sobre los depósitos bancarios (avaló la pesificación pero estableció una fórmula para que se devuelva el total del dinero), las deudas hipotecarias privadas inferiores a 100 mil dólares (donde se estableció la teoría del esfuerzo compartido entre el deudor y el acreedor) y los depósitos judiciales (que fueron redolarizados). Ahora, entre los jueces supremos, la mayor discusión se centra en la situación de los depósitos que recibieron en su momento las mutuales, por fuera del sistema financiero. El debate es si se equiparan estos casos con los depósitos judiciales. Las mutuales quieren devolver pesos, los ahorristas piden dólares. Hay cientos de juicios de este rubro en todo el país.

La cuestión de las mutuales tiene otra arista: como algunas de ellas tenían, a su vez, el dinero en los bancos, iniciaron demandas contra las entidades; otras exigen un resarcimiento del Estado, que no las compensó con bonos como hizo con los bancos. Un importante caso testigo, el de la Sociedad Militar, que es la mutual más grande, está todavía a estudio del procurador general, Esteban Righi.

La Corte tratará de resolver también los planteos de gente que puso su dinero en fondos comunes de inversión y seguros de retiro, además de las deudas hipotecarias mayores a 100 mil dólares, que no están reguladas.