En el país del ’96 no había cacerolazos, pero la crisis ya había empezado. Un decreto del gobierno de Carlos Menem habilitó entonces un préstamo millonario del Banco Mundial para las obras sociales sindicales. La Justicia investiga desde 2002 una denuncia por supuesto desvío de esos fondos, destinados originalmente a reconvertir las obras sociales. En diciembre, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió las primeras 100 indagatorias de líderes sindicales por esa causa y el juez Norberto Oyarbide lo aceptó. Ahora Oyarbide va por más: volvió a citar para indagatorias a otros 200 sindicalistas, entre los que se encuentran hombres de la talla de Armando Cavalieri, presidente de Osecac.

La causa por el supuesto desvío de 285 millones de dólares del préstamo del Banco Mundial va camino a convertirse en una megacausa. La investigación del fiscal Stornelli, que empezó con la denuncia por los desvíos en una sola obra social –la de Telefónicos–, terminó en un informe de 400 páginas, unos 350 imputados y un flujo de dinero que aparentemente se distribuyó entre 1996 y el año 2000 entre gran parte de los sindicatos.

Entre los nuevos convocados hay sindicalistas de telefónicos, obras sanitarias, bancarios, construcción y plásticos. Además de Cavalieri, serán citados Omar de Napole y Alberto Mansilla, de Osecac. Oyarbide aún no dio la fecha precisa de las indagatorias porque el juez espera que todos los imputados terminen de presentar distintos recursos de prescripción y nulidad.

“¿Usted me pregunta si con esto Oyarbide está pedaleando la causa?”, dice Ricardo Monner Sans, el abogado que en 2002 presentó la denuncia que inició la investigación. “Pero mire, en primer lugar yo creo que Oyarbide pudo no hacer lugar a los pedidos de indagatoria de Stornelli, y sin embargo los convocó; en segundo lugar, cuando supe del caso por primera vez, esto era apenas una denuncia y ahora es una causa, y otra y otra, es decir: esto se convirtió en una megacausa.”

Monner Sans inició la causa con la denuncia de un ex empleado de Telefónica, cuya identidad permanece en secreto. El denunciante le dio el nombre de dos personas que iban al Banco Nación de la sucursal Belgrano a cobrar dinero y depositarlo en cuentas sindicales del empresario Gustavo Aondi, un hombre con fuertes inversiones en coches de Turismo Carretera y socio, según Stornelli, del secretario general adjunto de la CGT y actual presidente de AySA, José Luis Lingeri.

A lo largo de los años, Stornelli logró probar esos primeros datos y analizar si el mismo patrón de conducta se repitió en las otras obras sociales. Todas recibían el mismo flujo de dinero habilitado por un decreto de Carlos Menem y Domingo Cavallo. El dinero que debía haber servido para mejorar la calidad de las prestaciones de las obras sociales, como capacitación o reformas en los edificios se habría usado para otros fines. Entre esos fines, por ejemplo, aparecen supuestos desvíos a empresas allegadas a familiares de los gremialistas o empresas fantasmas.

“Creo que la crisis que estalló años más tarde empezaba a notarse en ese momento”, conjetura Monner Sans, a pedido de Página/12. “Más allá de intereses partidarios, puede pensarse que había una necesidad de contar con cajas políticas. En el ’96, las condiciones sindicales en un país donde permanentemente se iba deteriorando el salario, las obras sociales tenían menos ingresos y tal vez esos fondos podían acallar las protestas.”