Los cheques que pagó Skanska por bienes y servicios inexistentes fueron cobrados por un sargento de la policía, una inmigrante rusa y dos empleados de una “cueva” de la city porteña. Esto fue constatado en la reconstrucción judicial de la ruta de casi 17 millones de pesos que salieron de la empresa sueca en el marco de la construcción de dos gasoductos. Es un típico mecanismo que se aplica para ocultar el verdadero destino del dinero y será un elemento clave en las dos investigaciones en marcha: es un prueba de evasión impositiva y un fuerte indicio sobre la existencia de coimas.

La historia parece casi calcada de la de las coimas de IBM-Banco Nación, donde quienes aparecían como cobradores de los cheques eran una mesera, un bailarín y un muerto. Pero con el tiempo se estableció que parte de los sobornos –al menos 21 millones de dólares– habían ido a parar a cuentas en el exterior vinculadas con los ex directivos de la entidad bancaria, que hoy están camino al juicio oral.

La investigación sobre el caso Skanska cobró el primer impulso hace más de un año en el juzgado penal tributario de Javier López Biscayart por una denuncia de la AFIP sobre facturas truchas que aparecían en los balances de grandes empresas, entre ellas la multinacional sueca. En este caso se detectaron 118 comprobantes de pagos de 23 firmas distintas por gastos inventados. Con el tiempo, el juez juntó pruebas que sugerían esos papeles no sólo podían indicar evasión tributaria sino ocultar retornos. Ahora un juez federal, Guillermo Montenegro, está a cargo de determinar si hubo coimas. Ya citó a indagatoria a dos funcionarios: el titular del Enargas, Fulvio Madaro, y el gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, a quienes el Gobierno separó el miércoles de sus cargos.

López Biscayart llegó a rastrear un tramo clave de la ruta del dinero que salió de Skanska, que es el que le puede servir para demostrar la evasión tributaria. Según señalaron fuentes judiciales a Página/12, se pudo corroborar que la empresa emitió cheques por cerca de 17 millones de pesos para simular gastos y que fueron cobrados varios por prestanombres, entre ellos: un sargento de la policía, una mujer de origen ruso ex moza de un bar y ahora vendedora en un negocio céntrico, y dos empleados de una típica cueva dedicada a cambiar cheques. Todo indica que habrían entregado la plata en efectivo a la constructora sueca. Cómo continuó el circuito, es lo que tendrá que establecer Montenegro.

Al declarar como testigo, el policía le contó al juez que está retirado y que cobra 300 pesos por semana por firmar papeles unas vez por semana para una persona cuyo nombre ignora. La mujer extranjera aseguró que sus trámites para cobrar cheques son favores que le hace a su pareja. El hombre ahora está imputado. Los dos cobradores de la city repitieron, palabras más palabras menos: “No me acuerdo quién me trajo esto”.

La semana pasada, López Biscayart ordenó detener a once ex directivos de Skanska, un ejecutivo que sigue en funciones y un contador señalado como el nexo con Infiniti Group, una proveedora de recibos truchos cuyo apoderado, Adrián López, ya lleva 14 meses detenido. Los consideró sospechosos de evasión agravada, una calificación que luego redujo a pedido del fiscal Germán Bincaz pero podría volver a elevar la semana próxima cuando resuelva si los procesa o les dicta falta de mérito (ver aparte). La evasión simple es excarcelable. Se la considera agravada cuando el monto sin tributar supera el millón de pesos, y prevé de tres años y medio a nueve de prisión. Durante la investigación, Skanska admitió y pagó una deuda impositiva por 13 millones.

En el rastro de los cheques de la compañía, el juez penal tributario le pidió información a nueve bancos en los que la filial local tiene cuenta. El trámite se hizo a través de la Policía Federal, que requirió documentos a la Banca Nazionale del Lavoro de Neuquén, el Banco Río, al Provincia, al Ciudad, al Supervielle, al de Santa Cruz, al Galicia, al HSBC y al Comafi. Según la última declaración del auditor de Skanska, Claudio Corizzo, para las obras de la planta compresora de gas de Dean Funes “todos fueron liberados por la Banca Nazionale del Lavoro”. Figurarían otros en el caso del Gasoducto del Sur.

Corizzo es el síndico que, en el informe final de su investigación interna reconoció “comisiones indebidas” por 13,4 millones de pesos en la licitación y las obras de los gasoductos Norte y Sur. Como parte del sumario que elaboró, el auditor grabó el escandaloso diálogo con el ex gerente Javier Azcárate que salió a la luz esta semana. En esa grabación se basó Montenegro para citar como sospechosos a Madaro, quien dispuso aprobar la licitación de los gasoductos Norte y Sur y Ulloa, gerente del fideicomiso del Banco Nación encargado financiar las obras. El relato de Azcárate precisa que se preveía una “comisión” de 2 por ciento para Nación Fideicomisos y 3 por ciento para el Enargas. También alude a las gerenciadoras TGS y TGN como beneficiarias de la operación.

Entre las últimas medidas que tomó por su lado López Biscayart, según allegados al caso, agregó una indagatoria para otro hombre de Skanska: Daniel Zinna, del área administrativa donde fue contratada Infiniti Group.

Los dos jueces se volvieron a reunir ayer como parte de un acuerdo de intercambio de pruebas con el que intentan superar un conflicto por las superposición de sus causas. Esta vez el encuentro fue en los tribunales federales. Trataron de definir, entre otras cosas, un sistema para mandar documentos de un juzgado a otro. La grabación y ruta del dinero son dos piezas claves para ambos. La interna feroz entre los ex gerentes y los CEO de Skanska puede ser un aporte importante.