“Hay que celebrar este fallo como un anticuerpo esencial para la sobrevivencia de nuestra esperanza.” El fiscal general de la Procuración General de la Nación, Félix Croux, fue a Luján para celebrar un inédito fallo judicial que absolvió a dos militantes del PJ local en una querella por calumnias e injurias iniciada por un funcionario de la dictadura. El fallo que acaba de convertirse en un texto de “interés municipal” no sólo es una proclama al derecho de la libertad de expresión. Habla de la corresponsabilidad de la población “civil” durante la dictadura.

El encuentro en Luján reunió a referentes de organizaciones sociales y funcionarios de la provincia de Buenos Aires en una pequeña sala donde el intendente Miguel Prince anunció el alcance del fallo de la jueza María Laura Pardini del Juzgado Correccional 3 de Mercedes, fechado el 3 de mayo de 2007. Como lo enunció este diario en aquel momento, con su resolución la jueza cerró una querella entre un ingeniero de Luján, Gerardo Amado, y dos militantes del PJ, ahora funcionarios del gobierno de Prince. Uno de ellos es el secretario de Derechos Humanos, Santiago Lazzarini, y el otro es el secretario de Prensa, Enrique Mestres.

En la denuncia, Amado acusó a Lazzarini y Mestres por calumnias e injurias por una solicitada del 17 diciembre de 2005 publicada en un diario local, firmada por ellos. Allí le dijeron “cómplice de la dictadura genocida”, “alcahuete”, “soplón” y “lenguaraz”, expresiones que la jueza se encargó de cotejar más tarde y pacientemente en las audiencias.

De acuerdo con la causa, Amado es un ingeniero de Luján, aún influyente, que comenzó su carrera política en la Secretaría de Obras Públicas local en la época del dictador Juan Carlos Onganía. Tras el golpe de 1976, asumió la cartera de Obras Públicas, pasó como interventor a la universidad local y luego a la jefatura del municipio, puesto al que aspiró una y otra vez con la democracia. La solicitada publicada por el kirchnerismo de Luján intentó frenar en diciembre de 2005 ese ascenso.

“En esa contienda que tuvimos durante un mes no sólo estaba en juego una especulación jurídica, sino la parte de la reconstrucción de la historia de Luján que se inició en 1976 y terminó en 1983”, indicó el abogado Marcelo Heredia, durante el acto. En esa lógica, Croux dio cuenta de los significados sociales, pero también jurídicos de la idea de la colaboración o el colaborador de esos tiempos. “A veces llevados por una buena voluntad –explicó–, porque es tal la dimensión del horror de las cosas horribles que vimos y vemos quienes trabajamos con esto, que a veces cuando vemos a estos personajes que tuvieron una actitud diferente de la expresiones más brutales de la dictadura, uno parece minimizar la situación, pero ellos son la dictadura cívico-militar, como lo son los serviles de los juzgados que se sumaron a la burocracia que trasformó en un infierno la búsqueda de los familiares.”