Tras sucesivos fallos adversos en la Justicia de Jujuy, la causa por la contaminación del ingenio Ledesma llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Página/12 pudo saber que el expediente iniciado por la denuncia de Olga Arédez está en una secretaría especial que ya abrió el trámite con dos iniciativas. Una de ellas fue rechazar por “improcedente” un recurso presentado por los abogados de los Blaquier, dueños del ingenio. Por otra parte, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo estableció que en determinadas áreas de esa empresa hay “condiciones de insalubridad” que producen el “envejecimiento precoz” de los trabajadores. Mientras tanto, en Libertador General San Martín hubo una nueva Marcha del Apagón para repudiar las 30 desapariciones ocurridas allí hace 31 años, cuando los poderosos apagaron la luz para secuestrar (ver aparte).

Poco antes de morir, en marzo de 2005, la esposa del desaparecido médico y ex intendente de Libertador Luis Arédez inició una acción de amparo para frenar el daño ambiental y el perjuicio para la salud de sus vecinos causado por el bagazo (desecho de la caña de azúcar) que produce desde hace décadas la planta pastera y azucarera emplazada en pleno centro de ese pueblo jujeño. Los abogados del Comité para la Defensa de la Salud, la Etica y los Derechos Humanos (Codesedh) argumentaron que Olga murió de un cáncer de pulmón inducido por la bagazosis. La Justicia en primera instancia rechazó el recurso, y lo mismo ocurrió en la Cámara y en la Corte provincial, donde José del Campo, Silvia Bernal y Sergio González decidieron no hacer lugar a la apelación de Codesedh. Sólo el juez Héctor Tizón se pronunció en disidencia. “En la cuestión de los daños ambientales no es posible aferrarse a moldes ortopédicos de ninguna naturaleza sino que es menester resaltar que los nuevos daños requieren nuevas respuestas legales”, expresó el magistrado y escritor.

La Corte Suprema solicitó a Codesedh copias de la documentación presentada en la instancia provincial, que será entregada esta semana. Mientras tanto, los representantes legales del ingenio Ledesma circulan con inquietud y frecuencia por los pasillos del palacio de Tribunales, pero ya sufrieron un revés porque les rechazaron uno de sus primeros escritos, según pudo reconstruir este diario. Las visitas de los interesados en los expedientes que circulan por sus despachos no son algo novedoso para los jueces de la Corte, pero no es habitual que se produzcan en una instancia tan preliminar.

Aunque el Supremo Tribunal jujeño rechazó el amparo, hizo una enumeración de las mismas irregularidades denunciadas por Codesedh respecto de la investigación del caso: anomalías en la realización de pericias, desestimación del estudio epidemiológico, inobservancia de las reglas para la realización de un informe de impacto ambiental y falta de idoneidad técnica de profesionales intervinientes, entre otros.

En un proceso que marcha en forma paralela, los ex trabajadores del ingenio de los Blaquier obtuvieron un señal favorable a su reclamo administrativo, iniciado también en la instancia provincial. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo, a cargo de Héctor Verón, emitió un dictamen en el que afirmó lo que los empleados de Ledesma vienen denunciando desde hace tiempo: que en algunos sectores de la producción de esa planta hay condiciones de “insalubridad” y esa situación provoca “envejecimiento precoz”. El expediente está ahora en manos del Consejo Federal del Trabajo, que también deberá analizar un pronunciamiento opuesto que produjo Anses, y elevará una propuesta de resolución para que el ministro de Trabajo tome le decisión final. Los ex trabajadores de Ledesma aspiran a que la empresa sea intimada para modificar la forma de producción que afectó su salud y sigue haciéndolo con los actuales empleados. “Las solicitudes de los trabajadores podrían ser ampliamente satisfechas porque la empresa tiene los recursos para garantizar la salubridad”, expresó a Página/12 Norberto Liwski, de Codesedh. Esta ONG y los ex trabajadores del ingenio fueron recibidos por la Comisión de Legislación Laboral que preside el diputado Héctor Recalde.