Christian von Wernich entró en la sala de audiencia a las 11.30 de la mañana, protegido con un chaleco antibalas. Se sentó detrás de un vidrio blindado, como lo hizo en las audiencias al comienzo del juicio. En La Plata ayer se escucharon los alegatos de los abogados querellantes y de la fiscalía federal del juicio oral al ex capellán de la Policía Bonaerense por su intervención en delitos contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura. Aunque por separado, las partes pidieron la pena máxima a reclusión perpetua y un sector impulsó la acusación por genocidio. El ministerio público dio por probada la presencia de Von Wernich en los centros clandestinos, pero le quitó la carga de uno de los siete asesinatos que pesaban en su contra. La decisión provocó críticas entre los querellantes y derivó en el desalojo de la sala. Hoy hará su alegato la defensa del capellán y se espera el veredicto.

Von Wernich es el primer sacerdote de la Iglesia Católica en ser investigado por la Justicia por su relación con la dictadura militar. Su juicio tiene las características de un juicio fundante, es el tercero que llega a la condena luego de la nulidad de las leyes de impunidad. El proceso comenzó con la marca de la desaparición del testigo Julio López, en las jornadas de alegatos del juicio a Miguel Etchecolatz.

“En esta sala hay una silla vacía, la de López”, dijo Guadalupe Godoy, abogada del colectivo Justicia Ya!, durante su alegato como querellante. Pero esa silla está “llena de certezas –agregó–: no lograron el objetivo de atemorizar a los testigos, ningún testigo se negó a declarar. López es certeza de la necesidad de los pueblos de poner fin a la impunidad”.

En la sala de audiencias presidida por los integrantes del Tribunal Federal 1, Von Wernich permaneció sentado hasta las 21, cuando se levantó la audiencia. Siguió todo con una lapicera en la mano y un par de lentes montados sobre la nariz. Cada tanto, anotaba.

El capellán llegó al juicio acusado de siete homicidios, 32 casos de torturas y 42 de privaciones ilegítimas de la libertad. Entre las víctimas de esos delitos se encuentran el director del diario La Opinión, Jacobo Timerman, secuestrado y torturado en La Plata, y el llamado Grupo de los Siete, los ex militantes montoneros detenidos y ejecutados después de hacerles una promesa de liberación.

Los querellantes llegaron al final del juicio por separado, y con matices jurídicos distintos, pero pidieron la condena de prisión máxima (ver aparte). En esa línea coincidieron los fiscales federales, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y los representantes de las víctimas, como Alejo Ramos Padilla, abogado de Timerman, que pidieron la reclusión o prisión perpetua que, por la ley Blumberg, es de 50 años de prisión. El colectivo Justicia Ya sumó al pedido la incorporación de la figura del genocidio, como sucedió en septiembre del año pasado con el alegato de Etchecolatz.

La fiscalía general que encabezan Carlos Dulau Dumm y Félix Crous le adjudicó a Von Wernich responsabilidad en seis homicidios triplemente calificados, 31 casos de tortura y 42 privaciones ilegales de la libertad. El séptimo homicidio, que quedó desestimado, corresponde al asesinato de María del Carmen Morettini, una ex detenida-desaparecida que formó parte de aquel Grupo de los Siete. Durante el juicio, una testigo abrió la posibilidad de que esa mujer siguiera con vida y como el Tribunal no aceptó convocarla a declarar, la fiscalía no incorporó este crimen a la acusación por falta de elementos de prueba. La acusación a Von Wernich incluyó entonces las ejecuciones de Domingo Moncalvillo, Cecilia Idiart, María Magdalena y Pablo Mainer, Liliana Galarza y Nilda Susana Salomone. La decisión despertó una ola de críticas entre los querellantes (ver aparte).

Fuera de eso, la fiscalía entendió que no hay atenuantes para graduar la condena al ex capellán y amplió la acusación como coautor por torturas agravadas en el caso del periodista Jacobo Timerman. Para los fiscales, el Pozo de Quilmes, Banfield, Arana y el COT 1 de Martínez eran “centros clandestinos de detención, ambientes de ocultamiento de personas, de tortura y de muerte”, “todos esos lugares... donde había un policía bueno y uno malo”, “en todos esos lugares estuvo Von Wernich”.

En su defensa, el capellán sostuvo que recorría esos lugares para ejercer una función pastoral. Pero “evidentemente –dijo Dulau Dumm– no hay pieza procesal que sostenga la función pastoral. Me aferro mucho a las pruebas que acreditan que él tenía un rol de protagonista dinámico, entraba, ponía, sacaba y ponía... era un interrogador habitual”.

En el caso de Timerman, la fiscalía determinó –luego de ver “la cucha” donde estuvo secuestrado el periodista– que “evidentemente fue víctima de una despiadada criminalidad del terrorismo. De Von Wernich que no sólo se acercaba, sino que participaba directamente en sus torturas”. Y en ese contexto el fiscal recordó una de los textuales más recordados del capellán. Se trata de una nota en la revista Siete Días de 1984 cuando ante una entrevista respondió: “Que me digan que Camps torturó a un negrito vaya y pase, pero cómo se le iba a ocurrir torturar a un periodista sobre el cual había una constante presión mundial”.

Los dos fiscales pidieron que la condena a Von Wernich se aplique en el contexto del genocidio ocurrido en el país a partir de 1976, como sucedió con la condena a Etchecolatz, y que se inhabilite al ex capellán de por vida para ocupar cargos públicos. Dulau Dumm aseguró también que debe tenerse en cuenta “la altísima criminalidad de los hechos, la calidad de sacerdote del imputado, la multiplicidad de las víctimas y el daño causado”.