Después de una impasse de tres meses, ayer recuperó algo de protagonismo la investigación judicial sobre la bolsa que le hizo perder el cargo de ministra de Economía a Felisa Miceli. La Sala II de la Cámara Federal confirmó el embargo preventivo de 200 mil pesos que se había trabado sobre sus bienes a pedido del fiscal Guillermo Marijuán. La medida busca preservar el valor del dinero que fue encontrado en el baño de su ex despacho, el mismo que ahora ocupa Miguel Peirano.

Los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun sostuvieron la necesidad de preservar la medida porque Miceli está “imputada” en la causa y está citada a indagatoria, aunque sin fecha todavía. “En vista de la naturaleza del hecho investigado, la suma de dinero a priori involucrada y la circunstancia de que la imputada es asistida por defensores particulares, el monto del embargo trabado aparece adecuado”, concluyó la Cámara.

La bolsa encontrada el 5 de junio en un placard del baño del despacho de Miceli contenía un ladrillo de cien mil pesos y 31.670 dólares. El descubrimiento ocurrió durante un control de rutina de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal en el Palacio de Hacienda. El fiscal Marijuán, al impulsar la indagatoria de la ex funcionaria, aseguró que existen pruebas de que el dinero es de “origen espurio”. Dijo que salió del Banco Central y fue a la financiera Caja de Crédito Cuenca en un camión de Juncadella-Prosegur. Los directivos de la financiera, que ya estaba denunciada por operaciones irregulares como lavado de dinero, intentaron despegarse.

Marijuán acusó a Miceli de encubrir una operación financiera ilegal que permitió que los fajos llegaran hasta su despacho y de incumplir sus deberes de funcionaria y sustraer el acta original en la que quedó documentado el hallazgo del personal policial. Entre otras líneas, se investiga la intervención de Miceli en un contrato del Banco Hipotecario y la empresa de su hermana Adriana.

El visto bueno para el embargo de bienes lo había dado el juez Daniel Rafecas cuando estaba de licencia la jueza María Servini de Cubría, que lleva las riendas del caso. Servini aceptó el pedido de indagatoria de Miceli formulado por la fiscalía. Primero había puesto como fecha el 23 de agosto, pero accedió a postergarlo ante pedidos del abogado defensor Carlos Cruz. El juzgado ordenó nuevas medidas de prueba, algunas sobre el grupo familiar de la ex ministra, y no fijó todavía nueva fecha para el interrogatorio. Ahora que pasaron las elecciones es posible que lo haga.

Hasta ahora, en declaraciones públicas, Miceli dio explicaciones poco convincentes sobre el origen y destino de la plata. Dijo que se la había prestado su hermano para una operación inmobiliaria frustrada.