El fiscal general de Rosario, Claudio Palacín, dictaminó ayer que el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) cometió en los ‘70 “delitos de lesa humanidad” y promovió acción penal por el asesinato del coronel Argentino del Valle Larrabure, presuntamente ahorcado por ese grupo guerrillero, en lo que constituye el primer caso de una organización ajena al Estado tipificado de esa manera y, por tanto, imprescriptible. La medida de Palacín está destinada a la polémica: la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, pero restringió esa categoría a los secuestros, tormentos y asesinatos perpetrados por el propio aparato del Estado. Haciendo caso omisión del fallo de la Corte, tras “analizar lo que fue el ERP y los hechos criminales que sufrió el coronel Larrabure, concluí que se trata de delitos de lesa humanidad”, dijo el fiscal Palacín, y agregó que “el derecho internacional protege a todas las personas, sin distinción de la profesión que tenga, tanto en tiempo de conflicto armado como en tiempo de paz”. Abogados de derechos humanos –como Rodolfo Yanzón, quien defendió al fallecido jefe del ERP Enrique Gorriarán Merlo, y Marcelo Parrilli– se pronunciaron contra la medida y reclamaron la remoción del fiscal. En cambio, los letrados Juan Aberg Cobo, que patrocina al ex marino Alfredo Astiz, y Miguel Arce Aggeo, que representó al dictador Emilio Massera, avalaron el dictamen.