En reclamo de una mejora de salarios, un sector de los trabajadores del gas comenzó un paro por tiempo indeterminado que podría afectar el suministro domiciliario e industrial. La Federación Argentina Sindical del Petróleo y Gas Privados (FASPyGP) tomó la medida en reclamo del pago de un plus de 25 pesos por día trabajado (unos 600 pesos mensuales) que las empresas “habían acordado en septiembre, pero ahora se niegan a efectivizar”, según señaló Alberto Roberti, secretario gremial de FASPyGP. Repsol-YPF, Shell, Esso y Petrobras son algunas de las compañías en conflicto.

El tironeo con las concesionarias se produce en momentos en que el Gobierno estudia un ajuste en las tarifas. Por eso, el gremio argumenta que la negativa a pagarles la mejora es una presión de las concesionarias “para conseguir un aumento de tarifas o asegurarse de que no les recorten los subsidios”. “Quieren aumentar el precio del gas y utilizan a los trabajadores del gremio como rehenes”, consideró Roberti, quien denunció además que las compañías tampoco efectivizaron “el pago de una suma fija de 1500 pesos” de recomposición, también acordado, y que debían cobrar en tres cuotas con los sueldos de noviembre, enero y febrero.

Ayer hubo dos largas reuniones en el Ministerio de Trabajo entre los representantes de las tres cámaras empresariales del gas licuado y la federación sindical, sin que llegaran a un acuerdo. Participaron por la cartera laboral la viceministra Noemí Rial y el director nacional de Relaciones Laborales, Jorge Ariel Schuster.

Por la noche, tras el fracaso de las conversaciones, la federación ratificó que mantendrá la huelga hasta que los directivos ofrezcan una solución. Al frenar la reposición del stock de gas, puede verse afectado tanto el suministro de gas natural como el de garrafas de uso domiciliario.

Sin embargo, el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro y Neuquén, que lidera Guillermo Pereyra, aclaró que “la Patagonia no hará huelga” y sostuvo que el paro convocado por la federación es “inconsulto”. El dirigente anticipó que tampoco en Chubut y Santa Cruz acatarán el paro convocado por “un dirigente federativo carente de absoluta representatividad”. Y acusó a Roberti de ser “un pseudo dirigente que en agosto último, de espaldas a los trabajadores, pactó con las empresas una burla del 16,5 por ciento de aumento que se diluyó con la anulación de diversos beneficios, como bonificación por transporte, provisión de leche y otros”.

El aumento en las tarifas que estudia el Gobierno se concretaría antes de la asunción de Cristina Kirchner. Este año estaría limitado a los grupos de mayores ingresos, con incrementos de entre el 15 y el 20 por ciento. Luego de 2008 se extendería a otros sectores. Los contratos con las privatizadas prevén una revisión integral de las tarifas recién para después de ese año. El costo de los servicios públicos está congelado para la mayoría de los usuarios residenciales desde 2002, cuando se sancionó la Ley de Emergencia Económica.