La ola de amenazas de bomba en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini bajó su intensidad. Mientras el juez Norberto Oyarbide anunció la imputación de un estudiante de 15 años y su madre como responsables de uno de los llamados, en la tarde de ayer los estudiantes y el personal fueron evacuados una sola vez, frente a las más de cuarenta amenazas del último mes. Por la mañana los padres fueron hasta el rectorado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde entregaron una carta exigiendo “la renuncia inmediata del rector (Juan Carlos) Viegas y de los vicerrectores (Juan José) Esturo y (Carlos) Bernava”. Por otra parte, también hubo nuevas amenazas de bomba en las escuelas Normal 1 y 9.

Los alumnos del Pellegrini pudieron rendir las pruebas integradoras de fin de año con mediana normalidad. Ayer sufrieron una sola llamada intimidatoria y la posterior evacuación en el turno de la tarde. Los profesores lograron desarrollar el plan de trabajo dentro de la escuela durante la mayor parte del día. A la mañana –como parte del conflicto interno que atraviesa la institución dependiente de la UBA–, los padres de los alumnos se acercaron al rectorado de la universidad, donde fueron recibidos por la secretaria académica, María Rosa Neufeld. Le entregaron en mano la carta elaborada en la asamblea del martes, en la que describían la situación desde que fue nombrado Viegas al frente del colegio y reiteraron que “para evitar que la degradación del clima de convivencia en la escuela desemboque en alguna tragedia”, pedían la renuncia de las autoridades.

En simultáneo, continuó la investigación judicial por las reiteradas amenazas de bomba. Después de tomarles declaración, Oyarbide tomó la decisión de imputar a un alumno y a su madre, de cuyo teléfono celular habría salido una de las llamadas. También anunció un posible cambio de carátula. “Creo que el caso se enrola en otro marco, que tiene que ver con la coacción, dado que se profiere una amenaza y luego se solicita a quien la recibe que abandone el cargo de rector del colegio”, afirmó el juez. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, intervino ayer en el conflicto: aseguró que los más de cuarenta llamados “no fueron todos del mismo celular” y que ya detectaron “no sólo el primero, que ya fue citado, sino el resto, que se fue trabajando”. Agregó que los involucrados “serán citados a declarar” en los próximos días.

Otros dos colegios secundarios porteños fueron objeto de amenazas telefónicas. En el Normal 1 las tareas de evacuación se realizaron no bien comenzaba la jornada. Los padres, que ya habían cortado la avenida Córdoba el martes en reclamo de seguridad, presentaron una denuncia judicial para que se investigue la situación. En el Normal 9, situado en Callao al 500, recibieron la octava amenaza de las últimas dos semanas.