Jueves, 8 de noviembre de 2007 | Hoy
Por Eduardo Tagliaferro
Sin debate, el Senado ratificó la Convención Internacional adoptada por Naciones Unidas contra la desaparición forzada de personas. El proyecto que reclamaba la ratificación del tratado internacional había sido enviado por el Ejecutivo en julio de 2007. La campaña electoral y el letargo legislativo postergaron un debate que finalmente no existió. La Convención había sido suscripta en París, en febrero de este año, cuando la primera dama, Cristina Fernández de Kirchner, ocupó el lugar del Presidente en una gira por Francia.
Esta visita fue criticada por la oposición, ya que la senadora no contaba con el respaldo parlamentario para firmar en nombre de la Argentina. El oficialismo había defendido ese viaje, destacando que el Congreso no estaba en plenas funciones, ya que había finalizado el período ordinario de sesiones. La autorización, finalmente, fue votada por los senadores en marzo, después de la apertura del nuevo año legislativo. Ayer nadie recordó aquellas críticas. Los resultados electorales sepultaron las objeciones.
La Convención Internacional refrendada ayer por la Cámara alta había sido adoptada por la Asamblea de Naciones Unidas en diciembre de 2006. La Argentina la ratificó un mes y medio más tarde, cuando la primera dama visitó Francia y se reunió con Nicolas Sarkozy y Ségolène Royal, que en ese momento competían por la presidencia de Francia.
La Convención cuenta con 45 artículos. En ellos se describe la figura de la desaparición forzada de personas, se obliga a los Estados miembros a adecuar su legislación para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones que se desprenden del tratado, se establece la competencia de los tribunales internacionales y se definen pasos y situaciones tendientes a llevar registros de las detenciones y a legalizar las detenciones que los Estados lleven adelante, más allá de los argumentos con los que las justifiquen.
La Cámara alta también dio su respaldo a un protocolo de la Organización de Estados Americanos que recomienda la abolición de la pena de muerte.
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