El decreto del Poder Ejecutivo que otorga a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) el control financiero de los gastos del Congreso y el Poder Judicial tuvo cuestionamientos múltiples de legisladores y magistrados, algunas ya plasmadas en papel. La diputada del ARI Marcela Rodríguez presentó un proyecto de ley para que la Cámara baja derogue la medida que, considera, viola el principio de división de poderes y altera el espíritu de la ley 24.156 de administración financiera en el sector público nacional. También presentará un amparo, algo que también anunció que hará el radicalismo. En el Consejo de la Magistratura –que maneja las cuentas de la Justicia– circularon críticas, sobre todo entre los consejeros-jueces, pero por ahora no promoverían ningún planteo formal.

El decreto fue firmado el 4 de octubre e incluye al Poder Judicial y al Legislativo bajo la órbita de la Sigen, equiparándolo con la administración pública, un ámbito del cual históricamente estuvieron diferenciados. El ministro Aníbal Fernández, frente a las objeciones, dijo ayer que “no hay una avance del Estado sobre otros poderes”. Se trata, dijo, de un decreto que viene a reglamentar una ley de 1992.

“El decreto invierte las reglas constitucionales de control de los poderes en los aspectos patrimoniales y financieros. Una de las principales funciones del Poder Judicial es controlar a otros poderes. La Constitución reconoce al Congreso su función de control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos. Con el decreto 1344, el Ejecutivo pasa a controlar los órganos que deben controlarlo”, señaló la diputada Rodríguez.

Rodríguez también envió una nota al presidente del Consejo de la Magistratura, Pablo Mosca, para que frente “a la relevancia de la cuestión” y teniendo en cuenta que el organismo “administra los recursos y ejecuta el presupuesto del Poder Judicial”, plantee el tratamiento del tema en el plenario de consejeros de hoy.

En el Consejo, donde domina el oficialismo, es poco probable que el asunto se discuta abiertamente en el pleno de hoy. Algunos consejeros –aun los que cuestionan la medida presidencial– incluso plantean la conveniencia de esperar que se concrete alguna situación donde quede expresado el conflicto, para tomar entonces alguna iniciativa.

Desde otras fuerzas, expresaron su rechazo al decreto el titular del Comité Nacional de la UCR, el senador Gerardo Morales, y la diputada electa por la Coalición Cívica Patricia Bullrich. “Este es decreto reglamentario de la Ley de Administración Financiera y lo que hace es terminar con la independencia de poderes”, dijo Morales. Los radicales también harían una presentación judicial.