“Al mirar por las ventanas que daban al frente del edificio vimos soldados armados y camiones del Ejército que avanzaban desde el parque al hospital. Por las ventanas posteriores se dijo que se vieron helicópteros. Ante el desconcierto general, se apersonaron militares en ropa de fajina. Me llamaron, ya que era el médico de guardia, para recibir a los militares que entraban a urgencias. Yo no entendía nada pero estaba recibiendo a los asaltantes. Uno de ellos era Reynaldo Bignone. Iba vestido con ropa de combate de color verde y llevaba armas en la cintura.” El médico Juan Manuel Nava describió así el operativo del 28 de marzo de 1976, con el que la dictadura ocupó el Hospital Posadas. A partir de ese hecho, el establecimiento fue tomado por los militares, que hasta instalaron un centro clandestino dentro del predio. El dictador Reynaldo Benito Bignone y otros cuatro represores fueron procesados ayer por el juez federal Daniel Rafecas por los crímenes que cometieron allí.

Entre el día del “copamiento” y los siguientes, médicos, enfermeros y otros trabajadores del hospital fueron perseguidos. Más de 30, detenidos. Algunos estuvieron en un centro clandestino que se montó en lo que había sido la residencia del director del hospital. Jacobo Chester, Jorge Roitman y Julio César Quiroga siguen desaparecidos.

Bignone fue procesado por su responsabilidad en el secuestro de quince personas. Todas esas detenciones se realizaron entre el 28 y 29 de marzo de 1976, luego de la “entrada triunfal” del represor, que fue acompañada por tanques y camiones del Ejército y que se produjo con el hospital en pleno funcionamiento (personas en la guardia, pacientes en los quirófanos). El coronel médico Agatino Di Benedetto, que fue interventor del Posadas, el brigadier Hipólito Rafael Mariani y los represores Luis Muiña y Argentino Ríos son los otros acusados procesados por el juez ayer. En marzo de 1976 Bignone era general de brigada. Encabezó el operativo en el Posadas como delegado de la Junta Militar en el área de Bienestar Social. Su llegada implicó la detención de médicos y enfermeras y la imposición de “listas negras” que manejaban los militares que supervisaban, todos los días, la entrada del personal. Mauricio Schraier relató que el 29 de marzo había “una gran cantidad de personas, médicos y otros empleados que formaban filas, siendo controlado su ingreso a través de listas. Algunas personas podían ingresar y otras eran detenidas”.

Los secuestros no se realizaron exclusivamente dentro del hospital. También hubo operativos en la calle y en los domicilios de los trabajadores. Rafecas pudo documentar 33 detenciones, entre ellas, la del director del Posadas, Julio César Rodríguez Otero. “El régimen se comportó del mismo modo que se ha verificado de modo sistemático en estos actuados, esto es, tratando de mantener en secreto todo el proceso relacionado con la individualización, detención y traslado de las víctimas a lugares de cautiverio para ser interrogadas. Como vemos a través de los numerosos testimonios recogidos, los episodios acaecidos en el Hospital Posadas no fueron la excepción frente a la dinámica propia del aparato clandestino de poder que se instaló a nivel nacional a partir del 24 de marzo de 1976”, señaló el juez en su resolución.

Muiña y Ríos, dos de los represores procesados ayer, formaban parte de un grupo de choque (“comando de seguridad interna”) que era conocido en el hospital como “Swat”. El coronel médico Julio Ricardo Esteves lo puso en marcha cuando asumió como director –sucedió a Di Benedetto– para, entre otras cosas, proteger el lugar de “resentidos, disociadores y subversivos”. Los testimonios de los empleados dan cuenta de cómo este grupo, formado por diez personas que solían vestir de civil e ir armadas y que habían sido empleados en el Ministerio de Bienestar Social, amenazaban, insultaban y humillaban a los trabajadores.

Rafecas resaltó la “paradoja” de que hubiera existido un centro clandestino dentro de un hospital: “En el seno de una institución al servicio de la salud funcionó un centro clandestino de detención, en el cual, lejos de velarse por la vida y por la integridad física de las personas, se sometió a los cautivos a un régimen de terror que no difirió, en ese aspecto, de otros centros clandestinos de detención que han funcionado bajo el mando del Primer Cuerpo del Ejército”.

El clima de terror que se vivía en el hospital “en el cual el miedo era un sentimiento colectivo” fue otro de los aspectos de la represión que destacó el juez. “Se expresaba –dijo– como miedo a ser detenido, miedo de las mujeres a sufrir vejaciones, miedo a ser licenciado, miedo a concurrir al lugar de trabajo. Un sentimiento justificado en datos objetivos de la realidad, ya que día a día desaparecían profesionales y aparecían luego sus familiares, a quienes generalmente incluso les era negada una entrevista con las autoridades. En estas circunstancia los médicos, enfermeros, asistentes y demás empleados continuaban sus labores entre el ruido de disparos de armas de fuego que se intensificaba durante la noche, el paisaje visual de un grupo de vigilancia que patrullaba el hospital a pie y en vehículos con exhibición de armas, entre los rumores sobre el destino que quien ese día no había asistido a su lugar de trabajo y con el esfuerzo que implicada cubrir los espacios que los profesionales detenidos iban dejando involuntariamente; como de aquellos que por miedo o terror fueron dejando la institución.”

Con el fallo de ayer, Rafecas ya procesó a 67 represores por su participación en crímenes cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército.