Los senadores recién habían comenzado a debatir la estancada ley de protección de los bosques nativos, en la Cámara baja algunos diputados e integrantes de los pueblos originarios denunciaban la continuidad de los desmontes en Salta y Santiago del Estero. “Se llevaron el oro antes, ahora se llevan el oro verde, la vida misma”, dijo el cacique wichí José Nicanor Molina antes de romper en llanto por la devastación de su territorio, donde las topadoras arrasaron hasta con el cementerio de su comunidad.

Los diputados Miguel Bonasso –impulsor de la ley de bosques– y Remo Carlotto, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, les cedieron la palabra a los caciques wichís y kollas de Salta y los representantes de las organizaciones campesinas de Santiago del Estero (Mocase) para que expresen el “estado de emergencia” que viven sus comunidades frente al desmonte que los desplaza de sus tierras.

Allí se presentó un pedido de “prioridad para la protección de las comunidades aborígenes y campesinas dentro de la ley de bosques”. Una solicitud planteada en un “acta acuerdo” firmado por distintos organismos nacionales (ministerios y secretarías), provinciales, educativos, de comisiones de la Cámara de Diputados y los propios damnificados.

Entre las medidas urgentes que se propuso esta comisión fue una reunión con el gobernador electo de Salta, el kirchnerista Juan Manuel Urtubey, para plantearle las preocupaciones que afrontan las comunidades indígenas de Salta. En esa provincia, en lo que va de 2007, las actuales autoridades concedieron a las empresas madereras y agrícolas las guías de desmonte para 280 mil hectáreas de bosques nativos. Urtubey –que votó a favor de la ley de presupuestos mínimos para la conservación de los bosques nativos– ya habría accedido a un encuentro con las comunidades afectadas.

“Les vamos a reclamar a las provincias respeto por la soberanía alimentaria, y plantear nuestra preocupación por la persecución penal de los pueblos que resisten el arrasamiento de sus tierras y de sus cementerios”, dijo Carlotto. “No es casual que se ensañen con los cementerios. Eliminan la prueba sobre la propiedad ancestral de esas comunidades sobre la tierra”, completó Bonasso.

Los reclamos se extenderán a las provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe. Los lugares más afectados por la expansión de la frontera agrícola que generan los precios internacionales de la soja. La mayoría de los bosques son arrasados no sólo para aprovechar económicamente la madera –que en algunos casos hasta se la quema– sino para ampliar los cultivos sojeros. Esa expansión termina con la expulsión de las comunidades aborígenes y de pequeños campesinos que viven allí desde épocas ancestrales y han hecho del bosque su principal medio de vida.