El Estado argentino tiene que rendir cuentas ante la Justicia internacional por no haber garantizado el acceso a un aborto no punible a una adolescente con discapacidad mental que había sido abusada sexualmente. El Comité de Derechos Humanos de la ONU admitió para analizar un caso emblemático que conmovió al país un año y medio atrás: el de la jovencita LMR, quien a pesar de contar con un fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que avaló su derecho a interrumpir la gestación forzada, no pudo acceder al procedimiento médico en ningún hospital público del país y debió recurrir al circuito clandestino con el apoyo del movimiento de mujeres. “Fue discriminada en el acceso a la salud reproductiva, se violó su derecho a la privacidad, a la intimidad y a acceder a un aborto seguro dentro del sistema de salud”, sintetiza la extensa presentación a la que tuvo acceso Página/12.

El de LMR “no es un caso aislado”: se enmarca en un “patrón de violaciones e impunidad”, por el cual numerosas mujeres sufren dificultades para acceder al aborto no penalizado en el país, advierte la denuncia elevada por tres organizaciones feministas. En la demanda, se responsabiliza al Estado argentino por la sucesión de violaciones de los derechos de la muchachita. Y se pide que el país sea condenado:

- A pagar una indemnización integral a LMR y su familia por los daños “moral y psíquico” sufridos.

- Que se le ordene al Gobierno “implementar protocolos hospitalarios que permitan viabilizar el acceso a un aborto legal y de calidad”.

- Y a “revisar el marco jurídico nacional respecto del aborto en general, para evitar que sean sancionadas penalmente las mujeres que interrumpen un embarazo no deseado o forzado, situación que las lleva a someterse a abortos clandestinos que ponen en serio riesgo su vida y salud integral”.

La demanda es promovida por el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, de Rosario (Insgenar), la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir, de Córdoba, y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem). Fue presentada en la sede del Comité de Derechos Humanos (CDH), en Ginebra, el 25 de mayo último. Llegó acompañada por una caja con más de cinco kilos de documentación de prueba, entre los que figuran artículos periodísticos del caso, muchos de ellos de Página/12. Recién acaba de ser aceptada.

El CDH es el órgano de la ONU que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Políticos, un tratado con rango constitucional en la Argentina. No todos los casos que recibe son investigados. En rigor, se rechaza la amplia mayoría. Pero el de LMR pasó el primer filtro y recibió una “preadmisión”, después de ser analizado por un grupo de cinco expertos independientes. Ahora el Estado argentino tiene seis meses para contestar la demanda, tarea en la que ya están trabajando asesores jurídicos de la Cancillería, que han pedido dictámenes a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a la Subsecretaría de Justicia bonaerense, según pudo saber este diario.

Luego, el CDH se abocará a estudiar ambas posturas y dictaminará si el caso se admite definitivamente o no. Generalmente, los casos que pasan la preadmisión son finalmente aceptados y el Estado acusado termina siendo condenado. En un caso similar, de aborto no punible de Perú, el CDH encontró al Estado peruano culpable de violar los derechos humanos de una jovencita que no había podido acceder a una interrupción de embarazo avalada legalmente (ver aparte).

Caso testigo

“El de LMR es un caso escandaloso, una parábola del incumplimiento de parte del Estado”, enfatizó en diálogo con Página/12 Cristina Zurutuza, integrante de Cladem, una de las entidades denunciantes. El caso de la jovencita bonaerense reunía las condiciones exigidas por el artículo 86 inciso 2º del Código Penal para ser considerado no punible, es decir, se trataba de una mujer “idiota o demente”, según los términos jurídicos, que había sufrido un abuso sexual. Sin embargo, LMR no pudo acceder a la intervención solicitada por su madre, su representante legal, en ningún hospital público. “Por primera vez se van a ventilar en la Justicia internacional las violaciones graves de los derechos humanos de las mujeres en Argentina en materia de derechos sexuales y reproductivos”, destacó sobre los alcances del caso Susana Chiarotti, abogada, miembro de Insgenar y presidenta del Comité de Expertas en Violencia de Género de la ONU.

En la presentación se denuncia que se violaron siete artículos del Pacto de Derechos Sociales y Políticos (ver aparte) en el tortuoso proceso que tuvo que enfrentar LMR y su familia para acceder a un aborto no punible, a pesar de que la Suprema Corte bonaerense dictó el 31 de julio de 2006 un fallo que avaló ese derecho.

“En este caso se hicieron dos cosas preocupantes: en primer lugar se judicializó el pedido de interrupción de embarazo, lo que hizo que se perdiera tiempo, algo que no se puede hacer en casos de aborto. Después, cuando hubo un fallo judicial que garantizaba el procedimiento, no se pudo acceder a la intervención en ningún hospital público del país”, resumió Chiarotti.

LMR sufre hoy las consecuencias de atropellos sufridos durante el 2006: la jovencita padece “daño moral”, definido como el dolor, la angustia, la aflicción física o espiritual, además de “daño psíquico”, que se manifiesta bajo la forma de “trastorno por estrés postraumático, con síntomas predominantemente fóbicos”, describe la demanda. “Consideramos que este daño es responsabilidad del Estado, por acción y omisión, cuando violó sus derechos a la privacidad, al acceso a la Justicia, a una atención adecuada y veraz para su salud, a la libertad personal, al bienestar en el contexto de su familia y comunidad, a ser protegida en su discapacidad, entre otros. Esto le ha causado un enorme sufrimiento moral y emocional que se ve potenciado por su patología mental”, advierte la denuncia. Y aclara que si bien en el estado actual es difícil diferenciar los efectos de la violación sexual de aquellos producidos por la ineficacia del Estado para garantizar su acceso a un aborto seguro, “hay suficientes indicios para afirmar que si el aborto hubiera sido realizado en tiempo y forma, sobre la base del claro pedido que desde el inicio realizara la madre de LMR, de manera amigable y protectora hacia la joven y su familia, se hubieran minimizado las consecuencias dañosas”.

Vicenta, la madre de LMR y su hermana, Verónica, sufrieron también consecuencias que afectan a la supervivencia familiar y a su vida cotidiana: perdieron sus trabajos debido a que durante tres meses tuvieron que estar a disposición para realizar trámites en los ámbitos judiciales y médicos. “La mamá no pudo volver a trabajar porque debido a lo que le pasó, su hija no puede quedarse sola en su casa y en el barrio, porque siente vergüenza y temor”, contó a Página/12 Estela Díaz, ex secretaria de Género de la CTA e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Díaz acompañó a la familia de LMR hasta que finalmente pudo interrumpir el embarazo en una clínica privada y también participó en la elaboración de la demanda. Y sigue brindándole respaldo a la familia de la jovencita. En cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte bonaerense que ordenó al gobierno bonaerense darle respaldo económico a la familia, Vicenta empezó a recibir un subsidio de unos 800 pesos, pero el mes próximo caduca. En la última semana Vicenta consiguió un empleo como portera de escuela. Le habían prometido oficialmente una vivienda nueva, pero apenas le acercaron materiales para realizar algunas mejoras en su precaria casita, a la que todavía le faltan algunas ventanas.

La familia de LMR necesita imperiosamente mudarse pero no tiene recursos económicos para hacerlo. El barrio se ha convertido en un ambiente muy hostil: entre sus vecinos cercanos están los familiares del tío denunciado como violador –que está detenido y enfrentará un juicio oral próximamente– que lo siguen defendiendo a pesar de las pruebas contundentes en su contra, como el resultado del examen de ADN sobre el feto.

El mismo CDH, en las observaciones finales que hizo al tercer informe periódico que presentó Argentina en el año 2000, expresó ya su preocupación por el hecho de que en el país la “criminalización del aborto disuada a los médicos de aplicar este procedimiento sin mandato judicial incluso cuando la ley se lo permita, por ejemplo, cuando existe un claro riesgo para la salud de la madre o cuando el embarazo resulta de la violación de una mujer con discapacidad mental”. Ahora, el CDH tendrá la oportunidad de insistir ante el Estado argentino sobre esta problemática, para que no haya otras LMR.