LMR ahora tiene 20 años, aunque su edad mental no supera los 10. Su drama comenzó el año pasado, cuando fue abusada sexualmente presuntamente por un tío, esposo de la hermana del padre y vecino suyo, que hoy está detenido y cuya causa judicial ya fue elevada a juicio oral.

Cuando su madre constató en el Hospital de Guernica que estaba embarazada, pidió la interrupción de la gestación. Pero se la negaron: la enviaron a realizar la denuncia del hecho y la derivaron al hospital de cabecera de la provincia, el San Martín de La Plata. La denuncia policial la hizo el 24 de junio de 2006. Al Hospital San Martín llegó con un embarazo de 14 semanas y media aproximadamente. El 4 de julio fue internada para realizarle los estudios pertinentes y las autoridades hospitalarias solicitaron con carácter de urgente la reunión del Comité de Bioética.

Dado que se trataba de un aborto no punible, encuadrado en el artículo 86 inciso 2º del Código Penal, le practicaron los exámenes prequirúrgicos para concretar la intervención. Pero llegó una orden de la jueza de Menores de La Plata Inés Siro que exigía la interrupción de todos los procedimientos médicos sobre LMR. Y a partir de ahí se inició el proceso para impedir el aborto, cuyo puntapié inicial fue, en realidad, la intervención de la titular de la UFI Nº 5 de La Plata, Sonia Leila Aguilar, que –más allá de sus atribuciones– extrajo un juego de fotocopias de la investigación iniciada por el abuso sexual y las remitió con carácter de urgente a la jueza Siro, que estaba en turno, tal como denunció en su momento Página/12. Lo hizo al invocar la “dudosa constitucionalidad”, a su criterio, del artículo 86 inciso 2º del Código Penal. Después vendría una sentencia de la magistrada que prohibió el aborto y otra de la Cámara Civil que confirmaría ese fallo. Por último, llegaría el pronunciamiento del máximo tribunal bonaerense, un mes y medio después de denunciada la violación y del pedido de interrupción del embarazo, que no solo ratificó la constitucionalidad del artículos 86 del Código Penal –como luego lo harían otras cortes provinciales como la de Mendoza y Entre Ríos– sino que además dejó en claro que no es necesaria en casos similares una autorización judicial.

Pero con la sentencia del máximo tribunal de la provincia no terminaría el peregrinar de LMR y su familia. Aun con el permiso judicial, el Hospital San Martín se negó a realizarle el aborto (alegó que el embarazo estaba muy avanzado pero luego se supo que todos los médicos habían hecho objeción de conciencia) y no hubo otro centro médico del sector público donde pudiera hacérselo. Tuvo que recurrir, con el apoyo del movimiento de mujeres, a una clínica privada.

“Esas intervenciones ilegales y arbitrarias de la fiscal Aguilar y la jueza Inés Siro constituyen la primera de las violaciones de los derechos humanos de LMR”, señala la demanda elevada al Comité de Derechos Humanos de la ONU. “Esta violación se agrava con presiones, cuando extralimitando en sus funciones la jueza Siro recomienda (a la madre de LMR) continuar el embarazo y dar su producto en adopción, lo que constituye una grave violación a la autonomía reproductiva y al derecho a la intimidad”, consideran las denunciantes. “Para justificar esta violación al derecho de LMR al aborto legal se utilizaron argumentos confesionales que fueron plasmados en el texto de la resolución de la jueza Siro y se hicieron públicos en sus manifestaciones a la prensa. El incumplimiento de las leyes que autorizan el aborto en casos de violación, imponiendo las creencias personales de una jueza particular, viola la libertad religiosa y la autonomía de conciencia de las personas”, señala la denuncia ante el CDH.

La familia de LMR sufrió además las presiones de sectores conservadores vinculados a la Iglesia Católica para que desistiera de su decisión de interrumpir la gestación forzada. Hasta el rector de la Universidad Católica de La Plata, Ricardo Manuel de la Torre, fue personalmente a la humilde casita de la muchachita, para ofrecerle dinero a su madre y presionarla para que su hija continuara con el embarazo y diera al nacido en adopción. Estas intimidaciones sobre la familia y también sobre funcionarios judiciales y profesionales médicos que intervinieron en el caso son denunciadas con detalle ante el CDH. “El Estado debió proteger a la jovencita y su familia de los grupos fundamentalistas católicos, que a través de amenazas, acoso, presiones y persecución buscan entorpecer el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos”, señaló ante Página/12 la abogada Silvia Juliá, de Católicas por el Derecho a Decidir, una de las entidades patrocinantes de la denuncia.