En la investigación del envenenamiento del represor Héctor Febres conviven dos líneas: la que tiene que ver con las groseras irregularidades de sus condiciones de detención en la Prefectura y la del homicidio en sí mismo. Así lo definió ante Página/12 una alta fuente del caso, que no descartó la posibilidad de que sean acusados más miembros de la cúpula de esa fuerza de seguridad. Anteayer declaró un prefecto que tenía una tarea específica: era el chofer personal de Febres.

Carlos Bozzano usaba el automóvil Ford Escort gris propiedad del represor para ir a buscar a sus familiares, que lo visitaban sin restricciones. Ese vehículo estaba en la delegación Delta de la Prefectura Naval de Tigre la noche en que habrían matado a Febres, pero las autoridades omitieron mencionarlo cuando llegó la comitiva judicial. Los investigadores comprobaron que los prefectos lo sacaron y, finalmente, lo secuestraron en un garage en San Isidro. Algo similar ocurrió con la computadora que usaba el represor, que también fue sacada y apareció en San Martín. Por estas evidentes alteraciones de la escena de la muerte, y por el intento de reunión que organizaron los prefectos de alto rango con quien era jefe de la sede Delta, el ahora detenido Rubén Iglesias, es que la jueza federal Sandra Arroyo Salgado estaría evaluando citar a indagatoria a varios de los miembros de la conducción de la Prefectura.

El chofer de Febres también lo transportaba cuando el represor iba y venía de los juzgados o a sus visitas médicas, pero los investigadores sospechan que entraba y salía cuando quería. Consultado al respecto, Bozzano lo negó. En otro tramo de su declaración aseguró que la esposa de Febres se quedaba a dormir los sábados en la sede Delta. La fuente consultada puso en duda tanto las afirmaciones como las desmentidas del testigo. Otro de los investigadores comentó que ya habían descubierto que el lugar de detención de Febres “parecía un hotel cinco estrellas”, pero la aparición de un chofer personal los “sorprendió”.

En medio del “desquicio” que era la supuesta cárcel del represor de la ESMA es muy difícil para los investigadores determinar cómo llegó el cianuro a su cuerpo. “Sigue siendo un misterio”, confesó uno de ellos, quien agregó que todo lo que surge de la escena de la muerte “hay que tomarlo con pinzas” porque la misma fue “totalmente alterada”. En tal sentido, hoy declararán como testigos los médicos de la Morgue Judicial que realizaron la autopsia para precisar el mecanismo de la ingesta del poderoso veneno. Incluso podrían aportar los resultados de los análisis de orina y sangre, ordenados para determinar si, además, aparecen rastros de algún tipo de sedante. Durante el diálogo que mantuvo con este diario, la fuente no mencionó en ningún momento la palabra suicidio.

En los últimos días la jueza Arroyo Salgado y el fiscal federal Alberto Gentili tomaron decenas de declaraciones, entre ellas a los abogados defensores que tuvo Febres. Relevados del secreto profesional, fueron interrogados sobre las condiciones de detención del represor. Y también declaró un sacerdote, que hacía de confesor y amigo. El miércoles desfilaron por el juzgado conocidos y parientes pedidos por la defensa de la familia de Febres, que permanece detenida, que habrían confirmado que la viuda dejó la sede Delta a las 18.45, mientras que los hijos lo hicieron entre las 15 y las 16. “No había ningún familiar cuando lo envenenaron”, dijo a Página/12 el abogado Martín Orozco, quien también descartó la hipótesis del suicidio.