El gobierno de Mauricio Macri todavía no cumplió un mes y ya cosechó la primera movilización multitudinaria en su contra. Los trabajadores nucleados en dos gremios estatales, el Sutecba y ATE, dejaron virtualmente paralizada la atención en todas las oficinas públicas porteñas y una parte de ellos marchó hacia el Palacio Municipal. Fue en reclamo por las 2400 cesantías dispuestas por el gobierno de la ciudad, anunciadas hace una semana. No fue ajeno a la protesta el rechazo sindical a la intervención de la obra social de los trabajadores municipales. Desde el macrismo insistieron en que no habrá retroceso en las medidas adoptadas. “Ninguna medida extorsiva hará cambiar la decisión de avanzar con la anunciada política de reformas”, se dijo oficialmente. Los gremios redoblaron la apuesta: convocaron para la semana próxima a un paro de 72 horas, que se llevará a cabo entre el martes y el jueves. La pulseada está en marcha.

Todo indica que el macrismo ha hecho de estas cesantías una de las principales banderas de su gestión, en pos de la “recuperación del Estado”. En forma extraoficial, los negociadores admiten que están dispuestos a examinar si los cesanteados tienen una antigüedad mayor a la que se suponía cuando se decidió darles de baja, pero si hay rectificaciones serán en casos puntuales. La escalada oficial continuará el jueves, para cuando está convocada una sesión especial de la Legislatura para tratar el decreto de intervención a la obra social de la ciudad (Obsba). Para ello, el macrismo está reclutando a sus legisladores, que en su mayoría están de vacaciones.

El gremio valoró en forma positiva el apoyo de Hugo Moyano, el líder de la CGT, quien calificó los despidos como “genocidio laboral”. En cambio, desde el macrismo exhibían la presencia del camionero como un punto que deslegitimaba la protesta. “El sindicalismo tiene que poner las barbas en remojo, el aparataje tiene un límite, la sociedad porteña está cansada de esto”, dijo a este diario un dirigente cercano al jefe de Gobierno.

Ayer, sólo las guardias de los hospitales brindaron atención a pacientes, en tanto que el paro fue total en las oficinas públicas, como el ex Mercado del Plata, los cementerios, los Centros de Gestión y Participación y la Dirección de Educación Vial, donde se tramita la licencia para conducir. Fue la tercera medida de fuerza de la semana: el miércoles habían parado tres horas y el jueves, cuatro.

En el gobierno porteño no opinaron sobre el paro sino sobre la movilización, cuya importancia relativizaron. “En un gremio de 120 mil afiliados, apenas pudieron reunir 10 mil personas”, dijo una fuente cercana a Mauricio Macri. Para el Sindicato de los Trabajadores del Estado porteño (Sutecba), en cambio, hubo unas 35 mil personas que llenaron la Avenida de Mayo, desde la 9 de Julio hasta la Plaza de Mayo. “Fue la movilización más grande de la historia del gremio”, dijo un dirigente sin exagerar, ya que el Sutecba no tiene tradición de participar en grandes movilizaciones.

El conflicto se inició la semana pasada, cuando se anunció la no renovación de 2400 contratos, a los que el gobierno calificó de “políticos”. Se trata de personal que cumplía funciones en distintas áreas, bajo la modalidad del decreto 959, un régimen que amparó a los contratados que facturaban sus servicios al gobierno de la ciudad. Para el macrismo, esos contratados fueron incorporados en el último año, “la mayoría, después de las elecciones que perdió Jorge Telerman, en junio último”. Pero los gremios aseguran, por el contrario, que la gran mayoría de ese personal tiene una antigüedad superior, “en algunos casos de entre tres y nueve años, siempre estuvieron precarizados y fueron incorporados al empleo público mediante este decreto, para que tengan aportes sociales y jubilatorios”, según explicó a Página/12 Alejandro Amor, abogado y secretario gremial del Sutecba.

Además de los 2400 despidos ya concretados, hay otros 18.100 trabajadores que están en situación vulnerable, ya que el gobierno asegura que revisará su situación laboral. Son, además de los incluidos en el decreto 959, los contemplados en el 848, que es previo, mediante el cual se blanquearon unos 10.000 contratados.

El macrismo habla de reestructurar el Estado porteño, pero cuando se les pregunta a los funcionarios cuál sería la planta ideal para la administración pública, admiten que aún no tienen ese dato, que la reestructuración se encuentra en estudio y que los resultados recién estarán en marzo. ¿Por qué entonces producir cesantías y generar un conflicto, cuando posiblemente después haya que tomar personal? “No queremos ñoquis ni puestos políticos, queremos gente que entre por concurso”, replican.

En el Sutecba y en ATE aseguran: “No estamos dispuestos a bancar a los ñoquis”. Pero sostienen que el personal despedido cumplía funciones y muchos son producto de un perverso sistema del empleo público, generado por la emergencia económica de 1991, que cerró las puertas al ingreso de personal efectivo al Estado. “Desde entonces, la ciudad tomó personal mediante contratos basura, precarizados, que luego fueron incorporados mediante el decreto 948, en 2005. Algunos de los que no aceptaron hacerlo se incorporaron luego, cuando salió el 959”, explican en los gremios.

El paro de 72 horas convocado para la semana próxima es “con presencia en los lugares de trabajo”. Lo convocan Sutecba y ATE, en forma separada. Y esta vez, advierten los sindicatos, trabajarán las colonias de vacaciones y habrá inhumaciones en los cementerios, además de las guardias hospitalarias. Pero si reciben alguna convocatoria, la medida “podría reverse”.