Ellos imaginaban que, cuando asumiera Mauricio Macri, iban a quedar afuera solamente los que no trabajaban. No estaban preocupados. Confiaban. Trabajaban de lunes a viernes y hace más de cinco años en algunos casos, muchas veces, en condiciones de precarización laboral. Fueron incorporados al régimen público, con aportes jubilatorios y sociales, en 2005 y 2006. No pensaban que el 28 de diciembre iban a ser amasados y arrojados en la cacerola de los aparentes ñoquis. Así, los despidieron como a la mayoría de los 2400 empleados municipales, mientras a otros se les dijo de “palabra” que en marzo iban a ser renovados sus contratos. Página/12 habló con seis trabajadores despedidos –calificados como “ñoquis” por la gestión macrista– y pudo comprobar (otra vez) que no fueron contratados en 2007 ni ocupan puestos “políticos”, como argumentan los funcionarios.

Metían manos en bolsas de residuos. Revolvían basura. Extraían cartón, papel blanco, diarios, botellas de plástico o vidrios. Así Juan Herrera, 40 años, y José Araya, 51, sobrevivieron a la crisis social y económica que eclosionó en 2001. Y de rebote eran la alternativa ecológica. Con sus “experiencias” de tirar carros y cartonear consiguieron un puesto de trabajo en la Dirección General de Reciclado, a fin de 2006, para “organizar mejor a los cartoneros que recorren la ciudad en busca de residuos, tramitarles la credencial correspondiente, para que realizaran su trabajo sin ensuciar las veredas de la ciudad”. “También hablábamos con los vecinos para que separen los residuos secos de los húmedos para facilitar la recolección”, explica Herrera, que trabaja desde 2006 “con un contrato basura, porque cuando uno no tiene nada, agarra lo primero que le dan. Esas son las reglas del juego”, se lamentó.

Hasta el 27 de diciembre ambos tenían trabajo, una función y asistían todas las noches de lunes a viernes, pero los echaron por “ñoquis”, entre los 2400 cesanteados por la escoba del ex presidente de Boca. “Ojalá Macri no me eche por segunda vez”, ruega Herrera, quien en 1998 había trabajado en una empresa de autopartes de Macri vinculada a Sevel.

La Dirección General de Reciclado fue uno de los sectores más afectados: fueron despedidos 36 de los 96 empleados que trabajan allí. Un día después del anuncio, Herrera, Araya y sus colegas ocuparon el lugar, como protesta por los despidos. Desde entonces “el director Pablo Fornieles sólo vino tres veces para decirnos que somos ‘ñoquis’, pero el ñoqui es él, que no va nunca a trabajar”, apuntó Araya, quien se preguntó: “¿Qué me queda hoy, volver a tirar de un carro?”.

Ambos viven en la villa 1-11-14 del Bajo Flores y conjeturan que fueron arrojados al desempleo “porque no tienen estudios secundarios, como la mayoría de los despedidos”. Ellos siguen yendo a la Dirección de Reciclado, aunque no les asignan tareas, “porque Fornieles no va a trabajar”, reiteró Herrera.

Virginia Pinau, de 32 años, antropóloga y docente, formaba parte de un equipo interdisciplinario de profesionales –pedagogos, antropólogos y psicólogos– que lleva adelante un programa de fortalecimiento educativo. “Junto a los demás, hacía un seguimiento de las propuestas pedagógicas de noventa escuelas, brindaba asistencia técnica a las iniciativas que plantean las escuelas. Para esto, organizábamos encuentros con docentes y directivos”, contó Pinau. Su contrato finalizó el 31 de diciembre. Ni siquiera la notificaron: “Me llamó un compañero y me dijo que estaba en una lista de ñoquis a quienes no les iban a renovar”, se amarga.

Desde 2004 pasó por contratos cuatrimestrales y semestrales hasta 2006. Ese año, firmó un contrato anual para integrarse al Programa Integral para la Igualdad Educativa. Hasta ahora, nadie le presentó algún motivo de despido. “Lo más indignante es que la gente cree que somos ñoquis, que está bien que nos hayan echado. Eso a la hora de buscar trabajo perjudica, quedás marcado, cuando nosotros trabajamos de lunes a viernes”, cuenta.

A su colega Paola Balboa, de 40 años, docente y licenciada en Letras, le ocurrió algo parecido. Desde 2005 trabajaba en el Gobierno de la Ciudad en iniciativas de inclusión e igualdad educativa. En junio de 2006, a través de la resolución 713/06, pasó a planta transitoria y le dieron obra social. Y en 2007, comenzó a trabajar en el PIIE. “Trabajaba en el distrito escolar 5º con la población vulnerable de las villas 21, 24 y Zavaleta”. Allí, brindaba asistencia a seis escuelas para que puedan desarrollar proyectos pedagógicos que promuevan la integración e igualdad de posibilidades educativas. “No es casualidad que estén echando gente que trabaja con personas en situación de pobreza. Parece que se vienen nuevas políticas públicas hacia los pobres”, advierte Balboa.

Marta Caprara tiene 55 años y es una de las trabajadoras que integraban el Plan Jefes y Jefas de Hogar que cumplían tareas dentro del gobierno porteño por 150 pesos y que fueron incorporados al régimen de contratos a partir de la Ley 2070, sancionada por la Legislatura en 2006. Hace seis años trabaja en el Centro de Gestión y Participación (CGP) 2, en Uriburu 1022. Allí trabajaba en informes. “Atendía más de 700 consultas por día y hasta el 2006 ganaba 150 pesos, cuando entré a la planta transitoria”, señaló Caprara. La cesantía también la alcanzó, al igual que a 12 de sus compañeros, que desde el 2 de enero siguen yendo al CGP. “Como no nos dejan trabajar ocupamos el comedor del lugar, en reclamo de nuestro empleo”, relata.

El 2 de enero recibió la noticia. “Cuando voy a hablar con el director del CGP me dice que “no me conoce y que era la orden que le bajaban”. No sé cómo puede tomar una decisión tan drástica, que afecta a muchas familias, sin chequear quién es ñoqui y quién trabaja todos los días”, se lamentó.

Miguel Escobar, de 33 años, hace cinco años trabaja en la Subdirección de Relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo, dependiente del Ministerio de Hacienda porteño. En ese lugar, procesaba información en la mesa de entradas de lunes a viernes, de 10 a 18. También cayó en la volteada junto a otros diez compañeros. Tenía un contrato anual, que todos los años le ratificaban. “El Estado lucha contra el trabajo en negro en las empresas, pero a nosotros nos firma contratos fantasma, precarizados, sin beneficios sociales, que aceptamos porque no hay ofertas para elegir”, se resignó Escobar.

Estaba incluido en el decreto 948/05, mediante el cual se blanqueó a diez mil contratados. La retribución: mil pesos y obra social. “A pesar de que el sueldo era bajo y tuve que mudarme a los 33 con mis viejos, voy a luchar por ese trabajo, porque tengo derecho, no soy un ñoqui y así falló la jueza (Liberatori) que ordenó que se nos reincorporara”, afirma Escobar. Sigue yendo a la Subdirección de Relaciones con el BID desde el 28 de diciembre, cuando le notificaron la no renovación del contrato “porque las cuentas de la ciudad están en rojo y Macri dice que hay que achicar personal, nos dijo Carlos Gaspar (subdirector de la dependencia)”, relata Escobar.

Informe: Esteban Vera.