El 1º de marzo de 1976 una patota de uniformados y civiles secuestró en Mar del Plata a los padres y la hermana de un militante montonero. Cuatro días después aparecieron los cadáveres, acribillados y sin dedos en las manos. Los enterraron desnudos y los cubrieron con cal. A tres décadas de los crímenes, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata, que desde 2001 realiza cada semana audiencias del Juicio por la Verdad, acaba de ordenarle a la Justicia federal que reabra el expediente e investigue a los responsables militares, policiales y a los miembros del Poder Judicial que archivaron la causa sin ordenar una sola medida.

En febrero de 1976 la revista Mercado, invocando “fuentes policiales”, sindicó a Federico Guillermo Báez y su mujer, Isabel Carmen Eckerl, como autores del asesinato del coronel Rafael Reyes, jefe del Grupo de Artillería Antiaérea 601 (GADA 601) del Ejército. En el caso de la mujer es improbable: desde julio estaba presa en la cárcel de Olmos. Si bien la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO, un desprendimiento maoísta de Vanguardia Comunista) se adjudicó el hecho, el 18 de febrero desconocidos preguntaron por Báez en el Banco Provincia de Villa Gesell, donde trabajaba. El gerente negó conocer su paradero.

En la madrugada del 1º de marzo un grupo de hombres armados, movilizados en varios vehículos, fue en busca de los familiares de la pareja. A la madre de Eckerl la torturaron hasta dejarla sorda de un oído. La tiraron al costado de la ruta 2. Ya en democracia, la mujer declaró que sus secuestradores usaban borceguíes y que a dos de ellos volvió a verlos: uno en la tapa del diario La Capital, como custodio del dictador Jorge Videla durante una visita oficial a Mar del Plata; al otro cuando fue a pedir un certificado de domicilio en la comisaría 4ª.

En la casa de los Báez demoraron varias horas. Los vecinos recuerdan que al menos tres vestían uniforme verde oliva, birrete y casco, aunque quienes los cargaron al auto iban de civil. Según una inspección ocular de la propia policía, los secuestradores revisaron todos los libros, carteras, bolsillos y cajones que encontraron. Se llevaron hasta las fotos de los portarretratos. Cortaron la luz pero no el teléfono. También robaron 6 millones de pesos moneda nacional que Federico Báez padre acababa de cobrar en la inmobiliaria donde trabajaba.

Cuatro días después, el 5 de marzo, los tres cadáveres aparecieron enterrados en una fosa común, debajo de un puente en la entrada de Dolores. Antes de enterrarlos los cubrieron con cal, para acelerar la descomposición de los tejidos. Los cuerpos estaban desnudos. Los dedos de las manos, amputados. Les dispararon a la cabeza desde menos de un metro de distancia. Báez tenía 52 años y desde su juventud había militado en el radicalismo. Su esposa, Silvia Agnes Acevedo, tenía 47 años y la hija de ambos, María Ercilia, estudiante y militante de la Juventud Peronista, apenas 23. Los enterraron en Dolores.

Por la jurisdicción donde ocurrieron los secuestros, las primeras averiguaciones estuvieron a cargo del comisario Mario Rubén Maiti, jefe de la seccional 2ª, acusado ya en 1975 de encabezar interrogatorios bajo tortura. Un día antes del golpe de Estado el juez de Dolores remitió la causa a Mar del Plata. Cuarenta días después, previo dictamen del fiscal Juan Alberto Altamura, el juez penal Juan Alberto Ferrara consideró que no había indicios para identificar a los asesinos y, sin disponer una sola medida de instrucción, dictó el sobreseimiento provisorio. Allí murió la investigación, dos meses después que los Báez.

Con la causa a la vista e invocando el dictamen del procurador general Esteban Righi en el expediente “Derecho, René”, en el cual define con precisión el concepto de delito de lesa humanidad, el fiscal general Juan Manuel Petiggiani le solicitó al TOF que declare la competencia de la Justicia Federal para reabrir la investigación.

A partir de su dictamen, el TOF –que integran los jueces Mario Portela, Roberto Falcone y Rubén Parra– situó a la cabeza de los responsables al jefe del GADA 601, coronel Carlos Alberto Barda, reemplazante de Reyes, que tenía a su cargo el control operacional de la ciudad. Subrayó que en 1987 ante la Cámara Federal porteña Barda confesó que, a su criterio, “los padres de los subversivos que les daban techo y comida eran cómplices”.

El fiscal y el TOF solicitaron que se investigara también al comisario Maiti por liberar la zona donde se produjo el secuestro. Por las horas que estuvieron en casa de los Báez, los vehículos en la calle, la cantidad de involucrados y el hecho de haber trasladado a las víctimas 200 kilómetros sin que nadie los interceptara, “el grupo operativo habría contado con las facilidades otorgadas por las más altas jerarquías militar y policial”, consideró el tribunal.

Finalmente, extendieron las omisiones funcionales a la administración de Justicia. Para el fiscal Petiggiani hubo “graves falencias investigativas, o lisa y llanamente ausencia de investigación”. El TOF apuntó que “no se ha llevado a cabo ningún acto procesal por parte del Poder Judicial para investigar nada menos que el secuestro y homicidio de toda una familia”. Ambas críticas tienen dos destinatarios: el ex fiscal Altamura, ya fallecido, y el ex juez Ferrara, actual conjuez de la Cámara Federal de Mar del Plata.

La causa Báez es la primera que se reabrirá en Mar del Plata por crímenes de lesa humanidad cometidos antes del golpe de Estado, pero no será la última. El TOF considera que “a partir de mediados de 1974 y hasta el advenimiento de la democracia en 1983 habrían actuado grupos operativos protegidos desde el propio Estado, cuya actividad se orientó a la perpetración de numerosos homicidios, desapariciones forzadas de personas, intimidaciones públicas e incendio de vivienda, entre otros delitos”. La historia recién comienza.