“La persona que cometió el error o violó la ley estará fuera del trabajo e irá a la cárcel”, aseguró el vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera. De este modo, el gobierno boliviano anunció que investigará y eventualmente destituirá a los diplomáticos implicados en el caso de la presunta importación de autos lujosos con franquicia diplomática luego vendidos a terceros. Por su parte, desde la embajada española procuraron desligarse de las acusaciones al asegurar que “altos cargos de la Cancillería argentina” calificaron de “irreprochable” la actuación de sus funcionarios.

En un caso que involucra al menos a 14 delegaciones diplomáticas, entre actuales y ex funcionarios, los bolivianos investigados por la Justicia local son once. A la par, el canciller boliviano David Choquehuanca informó que los diplomáticos de su país estaban autorizados a comprar vehículos a un precio no mayor a los 20.000 dólares y, sólo en el caso del embajador, a uno de 40.000. Sin embargo, las camionetas Hummer, los Porsche, Lamborghini, Mercedes Benz y BMW coupé importados irregularmente según la Cancillería argentina superarían holgadamente ese monto.

En tanto, un comunicado de la embajada española sostuvo que los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores “han expresado su pesar por el hecho de que determinadas informaciones relativas a estos casos hayan podido causar daño a la honorabilidad de la embajada y de sus funcionarios”.

El viernes último había trascendido que entre todos los diplomáticos extranjeros mencionados en el requerimiento de la fiscalía federal aparecían Rodrigo Aguirre de Carcer, ministro consejero de la embajada de España y número dos del embajador Rafael Estrella, y el ex agregado militar, teniente coronel Javier Castro Rodrigo. Sin embargo, el viceministro de Relaciones Exteriores argentino, Roberto García Moritán, llamó por teléfono a Aguirre de Carcer para expresarle su pesar por las informaciones periodísticas que lo relacionaron con el escándalo.