El juez penal tributario Javier López Biscayart elevará a juicio oral la megacausa que puso al descubierto una asociación ilícita fiscal especializada en comercializar facturas truchas, que fue la que dio origen a la investigación del caso Skanska. Para empezar, enviará al banquillo a cuatro funcionarios de la AFIP y a cinco personas que manejaban sociedades fantasma o que actuaban como prestanombres para trámites y operaciones fraudulentas. Como jefe de la organización está acusado Adrián Félix López, el primero que en su declaración relacionó los recibos falsos de la constructora sueca con coimas y con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

López Biscayart veraneaba plácidamente en Pinamar cuando recibió el jueves pasado un aviso de la Cámara en lo Penal Económico, su tribunal superior: debía pegar la vuelta para hacerse cargo de algunos asuntos que la jueza que lo reemplazaba, Karina Perilli, consideró demasiado trascendentes como para resolverlos en su lugar. Una de las sorpresas de la temporada era que el fiscal Germán Bincaz le había presentado un dictamen para llevar a juicio oral la supercausa de las facturas truchas. La otra era que había llegado al juzgado en forma anónima una nueva grabación alusiva a las coimas de Skanska (ver aparte).

La elevación a juicio tendrá un significado especial: sería la primera vez que una asociación ilícita que cometió delitos de corrupción llega a la etapa oral durante el transcurso del mismo gobierno (su continuación en este caso) que se encuentra implicado. López Biscayart habilitó la feria –algo que se estila en casos excepcionales por su importancia–, ya está notificando a las partes y no tardará en avalar el planteo del fiscal y dar por cerrado el principal tramo del expediente.

La denuncia que dio origen a esta investigación fue presentada en 2005 por la AFIP y llevó a que se hiciera la reconstrucción judicial de la banda que proveía servicios para evadir impuestos. La causa está caratulada “Di Biase, Luis Antonio”, un carpintero que aparecía como prestanombre. López Biscayart detectó que funcionaban por lo menos 23 sociedades pantalla que vendían su papelería apócrifa y que había funcionarios de la AFIP que les facilitaban los trámites. Al analizar el papelerío encontró que Skanska había utilizado comprobantes truchos en las obras de dos gasoductos. En sus balances aparecía el pago de bienes y servicios inexistentes. Así fue como se originó la causa sobre la compañía sueca, que terminó admitiendo la evasión y el pago de “comisiones indebidas”.

A Skanska le proveía las facturas Infiniti Group, luego asociada a Calibán SA. Eran “espectros carentes de materialidad”, decía el juez en una vieja resolución. Adrián Félix López era el titular de Calibán y fue procesado como jefe de la asociación ilícita fiscal. Estuvo preso 20 meses. En el ínterin, cuando fue indagado por Skanska en una declaración que duró cinco días, admitió que Infiniti entregaba sus facturas pero no daba ninguna contraprestación, las relacionó con las obras de dos gasoductos, deslizó la existencia de sobornos y los vinculó –aclarando que no tenía certezas al respecto– con el ministro De Vido. Por esta mención, y porque había denunciado amenazas en prisión, López Biscayart le puso protección especial, dentro y ya fuera de la cárcel.

López irá a juicio oral y, si lo condenan, podría volver a quedar preso. Se sumará al banquillo su ex socio Miguel Angel Hernández, que pese a haber obtenido la excarcelación sigue entre rejas porque no pagó la fianza. También desfilarán como acusados Adolfo Bautista Belloni, un jubilado que aparecía como socio de Infiniti y prestaba su firma a cambio de 300 pesos por mes, el contador Efraín Freiberg y Pablo Sbrollini. Los cuatro hombres AFIP se llaman Mariano Roldán, Hernando Fandiño y un tercero de apellido Agüero, todos de la agencia 9, además de Alejandro Fernández, de Atención al Contribuyente en la casa central del ente recaudador. Se les imputa haber facilitado la obtención fraudulenta de beneficios fiscales y también podría terminar en prisión.

López Biscayart detectó que habían utilizado facturas falsas para simular operaciones 500 conocidas empresas y bancos, además de Skanska y diversos organismos del Estado (municipalidades, Gendarmería, las cámaras de Diputados y Senadores bonaerenses, obras sociales de sindicatos). ¿La finalidad? Evasión y/o sobornos, según el caso. Esta pista sigue en observación.