No habían pasado cuatro meses de que el llamado Proceso de Reorganización Nacional, comandado por el general Jorge Rafael Videla, se instalara en la Casa Rosada a través de un golpe de Estado, cuando el 6 de julio de 1976 seis hombres y cinco mujeres fueron sacados del penal de Villa Las Rosas, en Salta, bajo la excusa de que iban a ser trasladados a la provincia de Córdoba. Podría haberse tratado de un traslado común, si no se hubiera dado la orden de que no se asentara el movimiento en el libro de registros.

Las luces del penal se apagaron y todo quedó a oscuras. Los once presos, que se encontraban a disposición del Poder Ejecutivo y de la Justicia federal, fueron sacados de sus celdas por personal militar que no portaba insignias y que se llamaban entre ellos solamente por sus nombres de pila. Antes se habían encargado de que la oficialidad de rango inferior y los suboficiales de la penitenciaría se retiraran y no presenciaran el operativo. Actuando con rapidez, escoltaron a las víctimas con lo que tenían puesto, sin darles tiempo de llevar sus objetos personales, hasta los vehículos en los que serían trasladados, donde los efectivos esperaban ansiosos para terminar la faena.

En el paraje Difunta Correa, cerca de Cabeza de Buey, en los alrededores de la capital salteña, los prisioneros fueron ejecutados bajo el fuego de armas de distintos calibres, para simular un enfrentamiento. En el escrito que los mandos militares enviaron al juez de entonces como descargo, detallaban que “en circunstancias que una comisión del Ejército procedía al traslado de presos subversivos hacia la ciudad de Córdoba, fue interceptada y atacada por otros delincuentes subversivos”.