Ante las reiteradas denuncias anónimas sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de visas a ciudadanos chinos en el consulado argentino de Beijing, la Cancillería ratificó ayer su voluntad política de avanzar a fondo en las investigaciones. De este modo, tal como adelantó este diario, fuentes gubernamentales confirmaron que el Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Dirección Nacional de Migraciones, está elaborando un sumario interno para estudiar los mecanismos y los modos de la migración del país asiático a la Argentina.

En Cancillería intentan relativizar la gravedad de las irregularidades e indican que, según las cifras oficiales de los últimos tres años, el promedio de ciudadanos chinos que ingresó anualmente al país es de 8 mil y, de todos ellos, se sabe que sólo 200 nunca salieron. Sin embargo, se especula con que el abrumador auge de la economía del gigante asiático generará un significativo incremento de viajes al exterior. Así crecerían también las chances de un aumento en las irregularidades.

En lo que concierne a la política exterior, el Gobierno aspira a que este nuevo escenario no genere algún tipo de conflicto diplomático con China. Es por eso que se habla con suma cautela del tema y las fuentes consultadas suelen formular las afirmaciones en condicional. No obstante, el inocultable deseo del Estado chino de que sus ciudadanos crucen las fronteras genera evidentes tensiones. Incluso se rumorea que hubo casos en los que el propio Estado se hizo cargo del dinero que la Argentina exige para comprobar que el turista es solvente.

El caso tiene antecedentes. Ya en 1995, la Cancillería había iniciado un sumario en relación con el mismo tema. Luego llegó una denuncia penal en la que estaba imputada la por entonces cónsul en Beijing, María Virginia Ruiz. Allí se otorgaban sistemáticamente más visas que las habituales y todas con su firma. Sin embargo, en 1998, Ruiz fue absuelta dado que tres pericias indicaron que a su firma la habían estado falsificando. Hoy ella se desempeña en el consulado de Shanghai, y los dos peritos calígrafos de la Gendarmería que viajaron en 1994 para realizar la investigación del caso continúan trabajando en la embajada argentina en China.

Con todo este historial, el 7 de diciembre de 2007, el director de Sumarios de la Cancillería, Alejandro Michutín Nogues, viajó a Beijing para recabar información y tomar declaración a diplomáticos y funcionarios argentinos. No identificó irregularidades, pero ratificó lo que ya intuían en Buenos Aires: el origen de la mayor cantidad de denuncias anónimas las formulan aquellos a los que se les niega la visa, ya que no cumplen con los requisitos que exige la legislación nacional. Así las cosas, la “política previsora” que pretende llevar adelante el Gobierno consiste en investigar si efectivamente se están cometiendo ilícitos, analizar los datos estadísticos para resolver cuáles visas son las que registran mayor cantidad de denuncias y decidir de cara al futuro controles más apropiados.

Informe: Diego González.