Los jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal Ana María Capolupo de Durañona y Vedia y Gustavo Hornos sumaron una nueva imputación a la denuncia en su contra que hay en el Consejo de la Magistratura. En este caso fueron acusados por una irregularidad cometida en el trámite de una causa sobre la apropiación de un menor durante la última dictadura.

Tal como publicó ayer Página/12, la Cámara de Casación inició una causa contra uno de los secretarios del tribunal, Daniel Enrique Madrid, por haber basado una sentencia en un supuesto fallo anterior, que no existía. Ambas resoluciones estaban vinculadas a la liberación del represor Víctor Rei, y el abogado defensor también hizo una denuncia, en ese caso contra los jueces que habían firmado la sentencia: Hornos y Capolupo. Las Abuelas de Plaza de Mayo habían recusado a los dos magistrados por haber dictado un fallo con citas a una sentencia que no se había efectivizado y que era favorable a la excarcelación de Rei. Por el mismo motivo los abogados Rodolfo Yanzón y Mónica González Vivero, representantes de sobrevivientes de la dictadura, hicieron la denuncia en el Consejo de la Magistratura.

En tribunales suponen que la “confusión” se originó porque existía un proyecto en ese sentido, pero que luego no fue firmado ni notificado. Según esa hipótesis, la segunda resolución se realizó en base a ese borrador. “Sospechamos que quisieron perjudicarnos desde dentro del tribunal para evitar una resolución favorable a nuestros intereses”, señaló Luciano Hazan, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo.