Tres días de tensas negociaciones entre el Gobierno, las provincias y los gremios docentes culminaron ayer con la firma del acuerdo de la primera paritaria nacional. A la medianoche del jueves todo parecía empantanarse, pero durante la mañana de ayer se consiguió reformular los dos puntos del acta que amagaban con complicar el inicio de las clases. Se oficializó el piso salarial de 1290 pesos –un aumento del 24 por ciento– y, para lograr el consenso, se eliminaron las precisiones en los puntos de mayor conflictividad: en cada jurisdicción se estudiará cómo incorporar sumas no remunerativas al básico, aunque no se mencionaron ni plazos, ni montos. Las demostraciones de alegría no fueron disimuladas por ninguno de los actores y tanto gremios como funcionarios le confiaron a Página/12 la “satisfacción” por la situación “histórica” que habían vivido.

Había demasiado en juego como para que no se llegara a un resultado positivo. Era la primera vez que el gobierno nacional participaba oficialmente de una discusión salarial con las provincias y los gremios docentes. Muchas jurisdicciones dependen de la ayuda económica que les dé la Nación y los docentes no quieren desacelerar el proceso de recuperación del salario que lograron tras muchos años de pauperización. En ese marco, seguir dilatando la cuestión hubiera significado un importante costo político y la posibilidad de postergar el inicio de clases. Por ese motivo, desde la primera reunión del 17 de enero hasta ayer pasaron por la mesa de negociación los ministros de Trabajo, Carlos Tomada, y de Educación, Juan Carlos Tedesco, alternándose con sus respectivos viceministros, Noemí Rial y Alberto Sileoni. La cartera de Economía tampoco le sacó el ojo de encima al devenir de las conversaciones.

Como explicó Página/12, los funcionarios repetían que esta paritaria tenía una particularidad que la hacía distinta a todas. En vez de dos partes –trabajadores y empleadores–, esta discusión tenía muchas más: 24 provincias con sus distintas características, cinco gremios con representación en todo el país y, además, el gobierno nacional.

La redacción del acuerdo de ayer no sólo comprendía establecer el piso salarial, sino que tenía distintos puntos que las provincias se resistían a firmar argumentando una intervención en su autonomía. En la mayoría de las jurisdicciones el salario docente está compuesto por una gran cantidad de sumas no remunerativas que no son consideradas para el cálculo de los aportes jubilatorios, la obra social y la antigüedad. Teniendo en cuenta que el docente promedio lleva 10 años en sus funciones, la gran distorsión entre los salarios básicos y los salarios mínimos no era un tema menor a la hora de los cálculos presupuestarios.

Para zanjar ese conflicto la redacción del punto referido al aumento del salario básico fue lo suficientemente ambigua: “En el marco de las posibilidades presupuestarias de cada provincia, las negociaciones locales podrán considerar la conveniencia de analizar la recomposición paulatina de la estructura salarial legal y/o estatutaria, en los plazos y formas que se puedan acordar en cada jurisdicción”. En concreto, lo único que se garantizó es el tratamiento del tema y nada más. Este será, entre otros, el nudo que las provincias deberán desatar con los gremios locales para lograr un acuerdo antes de que comiencen las clases. Hasta la firma del acta, varios gremios habían amenazado con una medida de fuerza de no resultar satisfactoria la discusión salarial.

Ante la posibilidad de que los sindicatos apelen a la huelga en las paritarias provinciales, el gobierno nacional intentó, desde un principio, conseguir el compromiso de los trabajadores de cumplir con el ciclo lectivo estipulado por ley. Los docentes aceptaron el pedido, pero incluyeron en el acta una mención a la “Ley de garantía del salario docente y 180 días de clases”, en cuyo artículo sexto se impide afectar “los derechos y garantías de los trabajadores de la educación, consagrados por la Constitución nacional”. Es decir, que no se podrá impedir el derecho a huelga. De todas maneras, también se redactó un punto en el que se acordó “agotar todas las instancias de negociación previstas en los ordenamientos jurídicos nacional, provinciales y de ciudad de Buenos Aires antes de realizar cualquier tipo de acciones unilaterales y/o medidas de acción directa”.

A su vez, el Estado nacional aseguró mantener el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, por el que once provincias venían recibiendo un apoyo económico para garantizar el salario mínimo. Hasta ahora esa ayuda consistía en 200 pesos por docente para alcanzar los 1040 pesos fijados como piso para el año pasado. Con este aumento del salario inicial la Nación les trasladará a esas provincias 250 pesos.

Informe: Sebastián Abrevaya.