Con reserva y con mucha discreción, jerarcas de la Iglesia Católica argentina y hombres del Gobierno están manteniendo conversaciones. Buscan caminos para destrabar la situación planteada desde que trascendió, a fines de enero, que el Vaticano no otorgaría el plácet (acuerdo) para que el ex ministro Alberto Iribarne se desempeñe como embajador argentino ante la Santa Sede. Una pieza clave de estos diálogos es el nuncio apostólico Adriano Bernardini. Por cuerda separada, e intentando que ambos temas no se mezclen, se busca también llegar a algún acuerdo que permita ponerle final al obispado castrense, por lo menos en su forma y condición actual. La Comisión Ejecutiva del Episcopado se reúne la segunda semana de marzo y aunque estos asuntos no están oficialmente en la agenda, necesariamente formarán parte de las deliberaciones.

La primera preocupación del Gobierno y de buena parte de la jerarquía católica local desde que se conoció la negativa romana a otorgar el plácet a Iribarne estuvo centrada en lograr que el diferendo con Roma no se trasladase al ámbito local, tomando en cuenta que a partir de la asunción de Cristina Fernández se habían comenzado a encaminar la relaciones entre el Ejecutivo y los obispos argentinos, sabiendo que éstos no tuvieron intervención en la negativa romana. Hoy ambas partes se muestran satisfechas: el tema no alcanzó gran repercusión mediática y, al mismo tiempo, se están haciendo negociaciones reservadas en busca de una salida que permita alcanzar el difícil propósito de dejar bien paradas a todas las partes. Esto no quiere decir que tanto Roma como Buenos Aires hayan cambiado de posición. Para la Cancillería argentina Iribarne sigue siendo oficialmente el candidato a ocupar la titularidad de la embajada y la Santa Sede se mantiene en su postura de no otorgar el acuerdo. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría apenas semanas atrás, todos los involucrados en el tema, con mucha cautela y evitando declaraciones públicas, admiten que hay “diálogos en marcha” y que “se analizan alternativas”.

En medio de la situación planteada en torno de la embajada argentina ante la Santa Sede, hoy a cargo de Hugo Gobbi en condición de encargado de negocios, surge también el problema planteado en relación con el estatuto del obispado castrense. Este estatuto fue puesto en tela de juicio desde el momento de la asunción presidencial de Néstor Kirchner en 2003, y reafirmado después de la arremetida del obispo Antonio Baseotto contra el ex ministro de Salud, Ginés González García. La decisión oficial de modificar la situación actual del obispado castrense y, por lo tanto, de las capellanías militares, está tomada. Es más. En los medios oficiales se sostiene que éste es el momento para avanzar en ese sentido y que una determinación en esa línea no debería pasar de este año. El momento y la forma estaría ahora en manos exclusivas de la presidenta Cristina Fernández. Pero al mismo tiempo se quiere separar esta decisión del entredicho por la designación de Iribarne. Se asegura que la determinación de eliminar el obispado castrense es una cuestión de alta política, coherente también con la orientación en materia de derechos humanos, y que no puede ser confundida con una acción de represalia por el no otorgamiento del plácet.

En sustento de esta argumentación se recuerda que a nivel local se venían dando desde hace tiempo intercambios entre los obispos argentinos, funcionarios de la Cancillería y del Ejecutivo para encontrar una fórmula que satisfaga a ambas partes. La de máxima –sostenida en principio por el Gobierno– consiste en la eliminación lisa y llana del obispado castrense. Pero también existe disposición a conversar sobre alternativas que contemplen la posibilidad de un servicio religioso especial para las fuerzas armadas. Los obispos locales se inclinarían por esta iniciativa, que no descartaría tampoco una opción que contemple la participación de otras religiones y confesiones en esta asistencia espiritual. Hay disposición de los actores locales a dialogar sobre el tema. Distinta es la posición del Vaticano, que no quiere introducir modificaciones a la situación actual basada en el tratado firmado en 1957 y modificado en 1992 durante el gobierno de Carlos Menem. Si las conversaciones no avanzan el Gobierno argentino de todas formas introducirá cambios en el estatuto actual del obispado castrense.

En la órbita oficial también se estudian las vías más adecuadas para hacerlo. Hay varias opciones que incluyen desde la intervención del Congreso derogando al acuerdo –ya hay una iniciativa en marcha en ese sentido– hasta la denuncia del tratado por parte del Ejecutivo. Pero tanto en el Gobierno como en la iglesia local se inclinan por encontrar un atajo mediante la negociación. A los obispos argentinos les corresponderá la tarea de convencer a los jerarcas vaticanos que se oponen a la salida negociada haciéndoles entender que aferrarse a lo existente puede conducir a la desaparición lisa y llana del obispado castrense.

Mientras tanto Iribarne está virtualmente “congelado” hasta tanto se encuentre una solución al problema con el Vaticano. Es el embajador designado ante la Santa Sede, pero sin el plácet no puede hacerse cargo de sus funciones y tampoco puede tener otro destino porque sería admitir la imposición del criterio de la curia vaticana. Pero no es el único “congelado”. En la misma situación están los obispos Carlos Malfa (Chascomús), Rubén Frassia (Avellaneda-Lanús) y Carlos Franzini (Rafaela), integrantes de la terna propuesta por la Iglesia para recibir el acuerdo oficial y que de entre ellos el Papa designe al obispo castrense que debería suceder a Baseotto. La diferencia, claro está, es que los obispos siguen ejerciendo en sus respectivas diócesis mientras que Iribarne es un embajador nominal sin funciones.