A pesar de los múltiples intentos, la oposición no logró plasmar un proyecto común para enfrentar la iniciativa oficialista sobre las retenciones móviles. El esfuerzo fue generoso aunque no parejo. Hasta ayer, el acuerdo entre la UCR, la CC, el PRO y el peronismo anti K sólo alcanzaba a empujar como “prioridad” la discusión sobre las retenciones móviles, para luego pasar a una agenda complementaria en la que tienen sus propios proyectos. En tanto, otro núcleo opositor –que incluye al SI, al socialismo y bloques menores– reclamó que oficialismo que el Gobierno explique antes “por qué las cerealeras transnacionales evadieron 1450 millones de dólares en retenciones, que ahora quiere aumentar y no cobra”.

Como sucedió en el campamento oficialista, dentro del abanico opositor también hubo encuentros durante toda la jornada. El radical Oscar Aguad, el macrista Federico Pinedo y Adrián Pérez de la Coalición Cívica trataron sin suerte sellar un proyecto común. El acuerdo que se alcanzó –y que incluye al peronismo disidente–, llega hasta impulsar una arremetida común que obligue al oficialismo a priorizar el debate sobre la resolución 125 que implementó las retenciones móviles.

“No todos empujaron igual”, dijo un legislador radical que prefirió el anonimato para no truncar un posible acuerdo futuro del arco opositor duro. La queja apunta a los partidos de la oposición que buscan mostrar un perfil propio en medio del debate. “Queremos que se discuta las retenciones y después lo otro”, argumentaban desde la Coalición Cívica. Los legisladores que responden a Elisa Carrió admitían las divergencias en la oposición, aunque no mostraban demasiada preocupación por no haber logrado el acuerdo. Desde afuera, los peronistas disidentes, como el puntano Luis Lusquiños y el empresario Francisco De Narváez, seguían de cerca el debate entre la UCR, la CC y el PRO pero sin poder terciar.

En el Salón de los Pasos Perdidos, otro grupo de diputados opositores expuso en una rueda de prensa el planteo que llevarían hasta el plenario de las comisiones como condición para abrir el debate: pedirle al Gobierno que explique “cómo en menos de un año se fugaron 1450 millones de dólares, que las cerealeras no pagaron al Estado en concepto de retenciones pero que si cobraron a los productores”.

“No podemos empezar a discutir las retenciones móviles sin saber por qué no se cobran”, dijo el diputado y economista de la CTA, Claudio Lozano. Lo acompañaban en la mesa los legisladores de SI, Eduardo Macaluse y Verónica Benas, además del socialista Lisandro Viale y el ex diputado Mario Cafiero, quien llevó la denuncia ante la justicia. Según los cálculos de Cafiero, las cerealeras defraudaron al fisco obteniendo permisos de embarques de exportaciones con valores para las retenciones anteriores a los aumentos fijados por el Gobierno. La lista de exportadores de granos con evasión superior al millón de dólares alcanza a 22 cerealeras. La nómina la encabezan Bunge Argentina, Cargill, Aceitera General Deheza y Molinos Ríos de la Plata.