La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires discute en comisión una nueva Ley de Educación porteña. En ese contexto, unas 60 organizaciones de derechos humanos y asociaciones civiles acaban de presentar un petitorio para exigir que la discusión se abra a la participación social. Con el nombre de Foro por la Educación Pública, la iniciativa busca generar un proceso de discusión similar al desarrollado en torno de la Ley Nacional de Educación en 2006, pero en un presente al que consideran “crítico”: si la ley se sigue discutiendo a puertas cerradas –advierten– las garantías de una educación pública y universal “corren serios riesgos”.

El petitorio se dio a conocer ayer en la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). El documento, de apenas una página, fue presentado por la mañana en la mesa de entrada de la Legislatura, dirigido a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del cuerpo.

Con el aval de Abuelas de Plaza de Mayo, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación Argentina de Actores, Flacso, el Instituto Gino Germani de la UBA y también de organizaciones gremiales como la CTA y Ctera, además de la APDH, se pidió “un proceso amplio y plural de participación y de deliberación ciudadana en relación con la elaboración de la primera Ley de Educación, que exprese la responsabilidad indelegable del Estado para garantizar el derecho a la educación”.

El documento indica que ya hay cuatro proyectos de ley con estado parlamentario que podrían ser tratados este año. “No se trata de discutir ahora el articulado, sino de decir que esos proyectos existen pero nadie sabe bien que existen o qué pasa”, indicó Martín Sigal, de ACIJ. En ese sentido, indicó que el debate importa porque se trata de la primera ley educativa de la ciudad. “Y segundo, porque la educación pública en la ciudad está en emergencia edilicia y de infraestructura; por la desigualdad que existe y se profundiza entre norte y sur; por las normas polémicas que afectan las condiciones laborales y por los presupuestos que son muy perfectibles.”

Para Francisco “Tito” Nenna, de UTE-Ctera, las cosas son más que graves. “Muchos estuvimos en los ’90 transitando en las calles por las políticas que llevaron a la desaparición del Estado y ahora –dijo– tenemos en la ciudad a los representantes más conspicuos de esa política, no sólo desde el punto de vista político, sino también empresarial.”

El investigador Enrique Oteiza, profesor emérito de la UBA, explicó que se trata de un momento decisivo, “porque se juega la defensa de la vida entera, la universalización del derecho al acceso a una educación con una ley que tiene que contemplar intereses que son centrales para esta comunidad”.