Entre todos los frentes que el Gobierno debe atender en el complejo rescate de Aerolíneas Argentinas hay uno que le preocupa especialmente: el vínculo con España, su principal socio en Europa. Según las más altas fuentes de la Casa Rosada, desde Madrid le dieron tranquilidad para llevar adelante la operatoria que desembocará en la cesión de las acciones de la empresa al Estado argentino, como paso previo a una reprivatización.

Según pudo saber PáginaI12, en las últimas horas el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, se comunicó con el ministro de Industria español, Miguel de Sebastián, quien lo único que le habría pedido es que el pase se maneje con mesura para evitar controversias en su país. Esto habría llevado a que el Gobierno en vez de pedir la quiebra de Aerolíneas se conforme con que Marsans le ceda las acciones de la empresa y no se haga cargo enteramente de los 900 millones de dólares que debe, una parte de ellos al propio Estado.

Marsans ya le dio bastantes dolores de cabeza al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero e incluso hay causas judiciales abiertas por presuntos perjuicios a las arcas de España. Pero aun así, el presidente español debe soportar acusaciones de sectores empresarios de no defender adecuadamente a las compañías españolas en la Argentina. Y, según sostienen en la Casa Rosada, no tiene mucho margen para convencerlos de que lo que hizo Marsans con Aerolíneas es indefendible.

En el Gobierno aseguraron que el tema Aerolíneas nunca afectó la relación de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con Rodríguez Zapatero y señalaron que “fue un invento” las versiones que indicaron que ella suspendió su visita a España, que estaba prevista para la semana que viene, por el ruido sobre la movida para “argentinizar” la línea aérea. “Es un disparate. La cancelación del viaje fue pedida por el gobierno argentino, porque que Cristina no podía ausentarse en medio del debate sobre las retenciones móviles en el Congreso.” De hecho, la visita fue reprogramada para octubre.

La salida para la grave crisis que afronta Aerolíneas fue analizada el domingo en Olivos entre la Presidenta, su esposo Néstor Kirchner, Alberto Fernández, el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. De Vido transmitió el cuadro de la empresa, con deudas y desinversión. Y allí se decidió pedir la intervención a la Justicia, como paso previo a la estatización. También se pensó en que ésta se hiciera por una ley del Congreso, pero luego se avanzó con Marsans sobre una cesión de acciones que le permita al Estado tener la mayoría del paquete.

Al Gobierno, aseguran, no lo entusiasma que la empresa quede en sus manos. Teme que cualquier inconveniente operativo de la aerolínea se transforme en un costo político. “Operar una empresa de aviones comerciales no es fácil, y menos después de tantos años que el Estado perdió esa experiencia”, comentó un ministro. Por eso la idea de la Casa Rosada es desprenderse rápidamente del gerenciamiento de Aerolíneas. El único interesado hasta ahora había sido el dueño de Buquebus, Juan Carlos López Mena, pero explican que desistió cuando percibió que Marsans le escondía los verdaderos números de la empresa. Quizá el Gobierno logre convencerlo. Pero la cuestión de fondo es quién va a pagar los 900 millones de dólares que debe Marsans. El Gobierno espera poder no asumirlos enteramente, aunque es difícil que no se lleve la peor parte.