Aunque la mayor atención se la llevó Cecilia Pando, distintos organismos de derechos humanos celebraron ayer la derogación del Código de Justicia Militar. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, consideró “muy conveniente” la reforma y la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, señaló que “cosas como éstas son muy fuertes para las Madres, porque siempre criticamos que los militares se juzguen entre ellos”. Adriana Calvo, de la Asociación de ex Detenidos-Desaparecidos, afirmó que la derogación del Código de Justicia Militar “salda una deuda pendiente de muchos años”. “Los militares hicieron su reglamento interno (el Código de Justicia Militar) y los gobiernos (surgidos de elecciones) permitieron que tomara estatus equiparable a nuestro Código Penal”, argumentó. La derogación del código castrense, votada el miércoles en el Senado, implicó en realidad una reforma integral del sistema de Justicia militar. Entre otras cosas, se abolieron los tribunales especiales para los miembros de las Fuerzas Armadas y se eliminó del sistema jurídico argentino la pena de muerte. “Esto es un avance, un paso más en la articulación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil”, subrayó la ministra de Defensa, Nilda Garré, impulsora del cambio.