Para llegar a la oficina de la fiscal Sabrina Namer hay que atravesar un pasillo lleno de escombros en el séptimo piso de los Tribunales de Retiro. Son los arreglos del techo que hace poco cayó sobre una secretaria, que salió ilesa de casualidad. No es lo único que Namer se propone remendar. “Desde la Justicia no podemos desconocer el fracaso que implica que casi no haya condenas en casos de corrupción ni bienes recuperados para la sociedad”, advierte. Su especialidad son las megacausas, esas que tienen miles de fojas, un gran desfile de imputados, delitos intrincados, millones en juego y años de impunidad. Será la fiscal del juicio oral de los sobornos en el Senado, el de las coimas de IBM-Banco Nación, el de las andanzas de Víctor Alderete y otros tantos. Pero además quedó al frente de una nueva Oficina de Seguimiento en Delitos contra la Administración Pública de la Procuración General que tiene una meta ambiciosa: acortar la eternidad que lleva juzgar a funcionarios y recuperar la plata que robaron, como en el caso –hasta ahora único– de María Julia Alsogaray.

–¿Por qué es una rareza que la Justicia decomise bienes de funcionarios?

–Hoy el principal objetivo del proceso es la pena de prisión, pero la sociedad reclama que los imputados no sigan gozando de los beneficios del delito, y para eso está el decomiso. Lo habitual es que lleguen a juicio sin nada a su nombre y cuando hay que decomisar no hay de dónde agarrarse. Sin embargo, se ve que su estilo de vida no se modifica: viajan, gastan, pagan grandes estudios.

–¿Qué va a proponer para recuperar lo que funcionarios y empresas robaron?

–Hay que impulsar la investigación patrimonial de los imputados y congelar sus bienes desde un principio para que, llegado el momento de la condena, haya algo disponible. Lo habitual es que si un juez dicta un embargo y no encuentra bienes para efectivizarlo no pase más nada. Al momento de la condena aparece la dificultad para decomisar. Pero está empezando a cambiar el criterio: al ex ministro Raúl Granillo Ocampo, por ejemplo, al no encontrarle bienes le congelaron las cuentas. Con María Julia no existió ese problema porque tenía propiedades a su nombre y venía de una familia adinerada.

–¿Sólo se puede ejecutar el decomiso si hay una condena?

–El decomiso requiere el mismo estándar probatorio que una condena. Para aplicarlo independientemente habría que modificar la ley.

–Sin una reforma procesal, suena a misión imposible que un juicio por corrupción dure menos de diez años.

–Con un grupo de fiscales estuvimos tratando de detectar qué obstáculos aparecen en estas grandes causas de corrupción y de qué manera podríamos actuar para removerlos. Por empezar, los fiscales deberían tener un papel más activo o más protagónico.

–¿No hacen nada los fiscales? Esa ha sido la crítica de algunas ONG.

–Hacen bastantes cosas. Solo que a veces, cuando la investigación la conducen los jueces, su rol se limita a responder trámites. Pero cuando el juzgado les delega la instrucción podrían promover acciones concretas que eviten demoras, por ejemplo, oponiéndose a peritajes innecesarios. O pueden tomar iniciativas que eviten perjuicios en las investigaciones complejas, buscando la asistencia de especialistas, como contadores. En el juicio contra María Julia Alsogaray, si no intervenía la fiscalía con una contadora para estimar el monto del decomiso se iba a perder un millón de pesos: los peritos de la Corte calculaban 2,2 millones y la fiscalía insistía con 3,1, la cifra que el tribunal admitió.

–¿Por qué juzgar a un corrupto puede llevar diez o quince años?

–Los casos de corrupción tienen un promedio de inicio de tres años desde que ocurre el hecho. Es muy difícil reconstruir lo ocurrido. Se pierden pruebas o ya no están los funcionarios que pueden proporcionar cierta documentación.

–Ese sería como un problema genético de estas causas.

–Claro, pero también hay problemas en la tramitación. Los peritajes empantanan las investigaciones. A menudo los piden las defensas. A veces son innecesarios o tienen cientos de puntos inconducentes. Las causas se encaran sin un plan de trabajo, se abarcan demasiados hechos y los abogados dilatan con presentaciones. Además hay trabas jurídicas: un fallo de la Corte de 2001 dice que para hacer un juicio por administración fraudulenta se deben concentrar todos los expedientes que tramitan contra un mismo autor. Mientras, algunos podrían ir prescribiendo. En casos como Alderete o María Julia Alsogaray, denunciados en varios hechos de gran magnitud, no se los puede juzgar hasta que no se junten las causas. Así, lo mejor que le puede pasar a un funcionario es autodenunciarse.

–¿Entonces cómo va a hacer para lograr sentencias con más rapidez?

–Dar herramientas a los fiscales para que sean más proactivos y ayudar a remover las trabas judiciales. Cuestionar la acumulación de casos de administración fraudulenta que impiden que se hagan los juicios. Oponerse a los peritajes innecesarios y pedir asistencia especializada cuando haga falta. Algunas de estas causas son complejas y requieren un entrenamiento específico. Por otro lado hay que llegar a un juicio de manera razonable: con una causa que reúna todas las pruebas y esté pensada para un juicio oral. Para eso hay que trabajar en equipo entre los fiscales de instrucción y de juicio.

–¿Se puede investigar con independencia al poder de turno?

–Es difícil, pero no imposible. Cuando el involucrado está en funciones se complica la obtención de pruebas. Puede haber causas paralizadas y cuando cambian las circunstancias políticas se activan. Esto les pasa tanto a jueces como fiscales. Es histórico y no exclusivo de nuestro país. Tampoco son todos los casos iguales. Las coimas en el Senado, por ejemplo, se conocieron cerca del hecho.

–El ex fiscal Manuel Garrido dijo que la oficina que usted ocupará pretende vaciar la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (desde donde él denunció, por ejemplo, los vuelos de Ricardo Jaime).

–Esto no tiene nada que ver con la FIA. Esas críticas se hicieron sin conocer el plan de trabajo. Noso-tros no vamos a intervenir en las investigaciones. Vamos a trabajar sobre problemas históricos a través de políticas institucionales. Daremos un complemento y podríamos tener intervención si vemos que un fiscal no es lo proactivo que se pretende. La idea es también trabajar en forma conjunta con ONG para capitalizar su experiencia y escuchar sus críticas. Trabajaremos en base a proyectos y para cada uno convocaremos a los mejores especialistas. El primero es el de recupero de activos.

–¿Qué garantías hay de que no afectarán la independencia de los fiscales?

–La idea de esta oficina no es de ningún modo intervenir en las causas que tramitan los fiscales de manera independiente, ni en las investigaciones preliminares de la FIA. Será un observatorio del proceso penal para determinar por qué las causas que involucran a funcionarios llevan trámites de un volumen y duración muchas veces desproporcionados. Investigar los hechos es fundamental y esto sigue en manos de los jueces, los fiscales, la Oficina Anticorrupción, la FIA y los organismos de control. Pero si a raíz de las investigaciones no se obtienen condenas ni se logra que los bienes adquiridos con el delito vuelvan a la sociedad, lo que hacemos es incrementar la sensación de impunidad, mucho revuelo y pocos resultados. Mi aceptación de dirigir esta oficina responde a la frustración que me genera como funcionaria que no haya condenas y a la desazón que me produce pensar que en algunos casos vamos a tener más de un año de juicio y podremos aspirar sólo a penas muy bajas, desproporcionadas y que posiblemente no vayamos a ver un centavo o una mínima parte del dinero apropiado porque llegamos muy tarde para saber dónde está.