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- Julio Alak, ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos: “Además de fortalecer aún más la libertad de expresión, que es uno de los pilares fundamentales de la democracia, la reforma que impulsa la Presidenta ajustará la legislación nacional al derecho internacional vigente. Representa un nuevo avance en materia de calidad institucional y en la consolidación de la Argentina como Estado respetuoso de sus compromisos y obligaciones internacionales”.

- Samuel Cabanchik, senador, Proyecto Buenos Aires Federal, ex Coalición Cívica: “Se cumple, finalmente, con los compromisos internacionales al enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley para suprimir del Código Penal los delitos de calumnias e injurias para el caso de la libertad de expresión. En agosto de 2008 presenté una propuesta similar en la Cámara alta y no se pudo obtener un dictamen, debido al escaso tratamiento que le dio el oficialismo en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Sería saludable que ante esta iniciativa del Poder Ejecutivo, el oficialismo, en el Parlamento, se abra al debate de los proyectos presentados sobre este tema y otros, en vez de cajonearlos como casi siempre hace con las iniciativas generadas por la oposición”.

- Rubén Giustiniani, senador, Partido Socialista: “Es positivo que el Gobierno promueva una ley para suprimir el delito de calumnias e injurias, porque se trata de un tema pendiente de la democracia que protege la libertad de expresión del periodismo. Cuando las cosas son correctas, la oportunidad siempre es buena. Ahora hay que analizar las características del proyecto, porque a veces lo presentan con un lindo título y después se encuentra adentro como con la Ley de Radiodifusión, que es un gran negocio para unos pocos, como es para las telefónicas”.

- Eduardo Fellner, presidente de la Cámara de Diputados: “Demuestra la vocación del gobierno nacional de adoptar medidas para fortalecer la democracia y garantizar la pluralidad de expresiones en cualquier de sus formas y posibilidades. Esta ley convalida la vocación impostergable e irrenunciable del gobierno nacional de tomar todas las medidas que tiendan a fortalecer más la democracia y garantizar la pluralidad de expresiones en cualquiera de sus formas y posibilidades. Es un acto de valentía y pondrá a la Argentina a la altura de las circunstancias en materia de legislación interna de libertad de expresión tal cual lo ha reclamado la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.