Como bloque mayoritario de la oposición, la UCR encabezó ayer la retirada del debate sobre la reforma política en el Senado. “No estamos de acuerdo con el avance sin la consideración de la necesidad de construir consensos tal como lo exige la Constitución nacional”, sentenció el presidente del radicalismo, el senador Gerardo Morales. Así, el radicalismo buscó deslegitimar la firma del dictamen favorable por parte de la mayoría de los miembros del plenario de comisiones.

El titular del Comité Nacional del radicalismo afirmó que aunque su partido “en líneas generales está de acuerdo” no “acepta” que se trate “una reforma electoral sin consenso”. “Compartimos el cambio filosófico, pero no vamos a participar de este show que proponen en el oficialismo”, dijo antes de retirarse del Salón Illia de la Cámara alta. El senador manifestó su “compromiso de trabajar para lograr una ley cualitativamente mejor, a más tardar en abril”. Al igual que con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, la UCR basó su estrategia en la necesidad de estirar el debate parlamentario hasta después del recambio legislativo. Con esa estrategia proponían incorporarle más cambios al proyecto que ya fue modificado en la Cámara de Diputados. “Si no se van a aceptar cambios, estamos de más en este plenario”, aseveró.

Para Morales, con esta iniciativa el Gobierno “que es arbitrario en el manejo de los recursos, puede meterse en la vida interna de los partidos políticos” y criticó que la norma no contenga los temas de las “reelecciones indefinidas o las leyes de lemas”, vigentes en varios distritos y propuso incluir que “la banca pertenece al partido, para terminar con el transfuguismo”.

El tema de quién ejerce el control sobre la banca le interesa puntualmente al radicalismo ya que varios gobernadores han instruido a sus legisladores para desobedecer las posiciones del partido en caso de que afecte los intereses de sus provincias. Ese, según Morales, habría sido el caso de la senadora correntina, Dora Sánchez, a quien denunció penalmente por “cohecho pasivo”. Además, se suma el caso del gobernador electo de Corrientes, Ricardo Colombi, quien prometió su apoyo a la candidatura de Néstor o Cristina Kirchner en 2011, antes de reunirse con los todos ministros del gabinete nacional.

Los radicales también se quejaron por la decisión del Poder Ejecutivo de prorrogar las sesiones ordinarias hasta el 10 de diciembre, con el objetivo de sacar la reforma política con la actual composición del Congreso. El jefe del bloque de senadores de la UCR, Ernesto Sanz, sostuvo que “el oficialismo tiene muy pocas ganas de hacer funcionar el Congreso” y adelantó que “tratará de obstaculizar” todas las leyes que impulsen los otros bloques.

La referencia tiene que ver con los dichos del jefe del bloque kirchnerista en Diputados, Agustín Rossi, quien deslizó la posibilidad de que la presidenta Cristina Kirchner vete todas las leyes que sean aprobadas sólo con votos opositores luego del recambio legislativo. “Nosotros desde hace tiempo venimos aguantándonos la agenda unilateral del Gobierno”, replicó ayer Sanz y añadió que “con la misma vara que utiliza Rossi para hablar de no imponer agendas unilaterales, entonces que el Gobierno no imponga su propia agenda unilateral”.