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La comisión permanente del Episcopado argentino, que preside el cardenal Jorge Bergoglio, se reunirá a partir de hoy por primera vez en el año “atenta” a la crisis política derivada del uso de reservas del Banco Central para pagar obligaciones de la deuda externa. Incluso, evaluarían la posibilidad de iniciar una ronda de reuniones con referentes políticos.

“Esta situación preocupa a los obispos”, dijo el vocero episcopal, el sacerdote Jorge Oesterheld. Sin embargo, el portavoz eclesiástico no precisó si el Episcopado iba a pronunciarse o iba a optar por “un gesto” ante el conflicto de la presidenta Cristina Kirchner con los bloques opositores en el Congreso y con algunos jueces por los decretos de necesidad y urgencia (DNU).

El encuentro tendrá lugar en la sede episcopal de Suipacha 1032, donde una veintena de obispos analizará durante dos días cuestiones relativas al accionar pastoral de la Iglesia, y también está previsto que hoy intercambien posiciones sobre la crisis derivada de los DNU. En ese espacio, los obispos evaluarán si emiten un documento exhortando al diálogo como “herramienta indispensable para la solución de conflictos” o encarar gestiones reservadas con la dirigencia política para llamarlos a “un comportamiento responsable”. Aunque otra fuente episcopal dijo que los prelados podrían optar por llamarse a silencio, las opiniones mayoritarias se inclinan por afirmar que crece la idea de un pronunciamiento escrito.

Según trascendió, el borrador sobre el que se trabaja prevé consideraciones tanto sobre “el modo” en que el Gobierno hace uso de las facultades que le confiere la Constitución para dictar DNU como sobre el accionar legislativo de la oposición y la necesidad de obedecer los fallos judiciales. La posible declaración puede incluir además párrafos de documentos episcopales anteriores, en particular de los emitidos en junio y en noviembre de 2008. En esos textos, los obispos subrayaron la necesidad de abrir instancias de diálogo, deponer los intereses partidarios y de grupos en pos del bien común y promover una autonomía “real y auténtica” de los poderes del Estado.