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Nadie podría explicar a ciencia cierta las razones, pero todos los participantes del encuentro de ayer en la Rosada hablan de “satisfacción” y “cordialidad”.

Quienes se sentaron en la mesa extremaron los cuidados para, sin dejar de plantear sus puntos de vista, actuar con la prudencia y la inteligencia política que estuvieron ausentes en otros momentos en el mismo escenario. Concediendo rápidamente la audiencia pedida por los obispos, la Presidenta dejó sin argumentos a quienes intentaron alimentar un nuevo frente de batalla para el Gobierno y sumar también a la jerarquía católica al heterogéneo y variopinto pelotón denominado “oposición”. Los obispos querían diálogo y lo tuvieron. Demandaron “institucionalidad” y recibieron de Cristina Fernández la confirmación de su decisión de actuar dentro de los marcos que establece la Constitución.

¿Cuál es la ganancia de los obispos si, tal como se afirma, se limitaron a insistir sobre la importancia del diálogo institucional y la búsqueda de consensos en el marco de la política? Seguramente el más importante ha sido reinstalar a la Iglesia Católica como interlocutora de primer nivel, después de un tiempo en que los obispos habían sido relegados a un segundo plano. Gran parte de la jerarquía católica considera que tiene derecho a un diálogo de “poder a poder”. Por este motivo, desde su condición de autoridad de la colectividad religiosa más importante del país, deciden dialogar con todos y cada uno de los poderes del Estado. Este hecho representa, en sí mismo, un triunfo político institucional.

Las lecturas son, sin duda, distintas. El Gobierno no desconoce el peso de la Iglesia Católica, pero no considera que dialogar sea sinónimo de conceder. Los obispos creen que ahora están en mejor situación para exigir –en el momento que consideren oportuno– que se los escuche sobre cuestiones que son de su interés primordial, entre las que se cuentan temas tales como el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Vendrán nuevos capítulos.