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La amalgama opositora consiguió imponer el temario en la Cámara de Diputados. La sesión (¿secreta?) interrogando al ex embajador Eduardo Sadous le permitió recolocar en vidriera acusaciones de corrupción al primer nivel del Ejecutivo. Y, unificando sus distintas vertientes, impuso una mayoría cómoda en el tratamiento de los “superpoderes”.

Esa discusión hubiese sido imposible pocos años atrás, cuando los Presupuestos eran un dibujo y la recaudación fiscal resultaba siempre inferior a las previsiones. Ahora, con relativa estabilidad y sustentabilidad y acrecentada la capacidad recaudadora del Estado, cobran vigencia tópicos más sofisticados. El oficialismo, cierto es, gusta de subestimar sus proyecciones de recaudación para tener un “colchón” disponible a su guisa. Es costumbre desde que comenzó su gestión, cuando Roberto Lavagna era ministro de Economía. En la crisis todo se le toleraba, en el actual esquema las exigencias opositoras crecen.

Diputados rectificó el proyecto que llegó desde el Senado en 2009, lo que impone la vuelta a la Cámara de origen. Bastará minoría simple para convalidar la reforma de Diputados o para ratificar la propuesta oficial originaria. Si hay sesión el miércoles próximo, como todo lo indica, se cursará el proyecto a comisiones. Un acuerdo realizado antes del Mundial de Fútbol pautó una sesión el 14 de julio y luego dos semanas de tregua por las vacaciones de invierno. Si a esa intención se añade que el porotómetro augura un final reñido, es sensato suponer que recién en agosto la ley llegará al recinto.

El final parece abierto, los alineamientos básicos son los clásicos después del 1º de marzo: el Frente para la Victoria (FpV) y tres aliados firmes, de un lado. Del otro, el archipiélago opositor. Y un puñado de senadores que bisagrean y son decisivos en cada caso.

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En el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo, que se resuelve “a conciencia”, el mapa se mestiza. La afirmativa seguramente contará con los pocos senadores progresistas de terceros partidos: el socialista santafesino Rubén Giustiniani y los cordobeses Luis Juez y Norma Morandini. Pero el Frente para la Victoria tendrá deserciones en sus filas, muy socavadas por las presiones de la jerarquía de la Iglesia Católica y por veleidades derechosas de varios de sus miembros. En el radicalismo, la situación es peculiar: el titular del bloque (Gerardo Morales) y el presidente del partido (Ernesto Sanz) apoyan la iniciativa pero son marcada minoría entre los correligionarios senadores.

Es temerario hacer vaticinios, pero los baqueanos del Parlamento avizoran que, por razones varias (básicamente para no contradecir mandatos partidarios o corporativos), habrá unos cuantos senadores que optarán por ausentarse o abstenerse. Así que serán cruciales el presentismo y la irresolución.

El proyecto viene siendo debatido en audiencias públicas provinciales, bajo la batuta de la senadora sanluiseña Liliana Teresita Negre de Alonso (que milita en el Opus Dei y en el peronismo federal, tal vez en ese orden de prelación). La gira demuestra el peso que tiene la jerarquía en la corporación política, muy superior al predicamento que tiene en la sociedad y aún entre sus fieles, a la hora de imponer pautas de conducta en la vida privada. Esa prerrogativa de una corporación sobre los representantes surgidos del voto es una señal de retraso del sistema republicano realmente existente. Gobernadores y senadores hacen la venia con lamentable asiduidad. Fue especialmente lamentable el apoyo del sanjuanino José Luis Gioja a movilizaciones de los opositores al proyecto, comprometiendo al aparato del Estado provincial, según denuncian las ONG que defienden el proyecto de ley. Por lo visto, en todas partes se cuecen habas reaccionarias, incluyendo en las filas del oficialista FpV.

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El diputado y ex presidente Néstor Kirchner avisó: si él gobernara, vetaría la ley de superpoderes salida de Diputados. Fue una declaración extraña, porque todavía queda la pareja votación en el Senado pero volvió a poner en escena la hipótesis del veto presidencial.

Apenas ayer se prenunciaba “una vetocracia” signada por numerosos vetos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ante leyes obtenidas por un dinámico Congreso dominado por el “Grupo A”. Las circunstancias contradicen, hasta hoy, las profecías. Las divisiones opositoras, su carencia de propuestas sugestivas, la fortaleza oficial bosquejan un cuadro más trabado. Sin ir más lejos, la modificación del Impuesto al Cheque, ganada por la oposición en el Senado, dormita (acaso hiberna) en la Comisión de Asuntos constitucionales de Diputados. La fragmentación opositora y cierto revisionismo de los gobernadores tras reasignaciones de recursos resueltos por la Presidenta, incidieron en el cambio.

De todas maneras, ya llegarán leyes contrarias a los anhelos oficialistas y, eventualmente, el veto. Por la manera en que se habla del tema, vale subrayar que es una facultad constitucional, plenamente lícita. La Carta Magna no le fija máximos ni cupos, aunque como (en cualquier acción pública) puede ser objeto de reprobaciones pero no de denuncias, como algunos parecen intentar, confundiendo las diferencias políticas con los límites de la legalidad.

A todo esto, el politólogo sueco que hace su tesis de posgrado se las ve negras tratando de explicarle a su padrino de tesis, el decano de Sociales de Estocolmo, la enorme difusión que tuvo la reunión secreta con el ex embajador Sadous. Más ardua será su labor si (como reclaman algunos oficialistas y algunos opositores) se desbloquea el secreto de Estado, básicamente para desmentir o corroborar relatos políticos o versiones periodísticas. La calidad institucional de baja intensidad produce esos cortocircuitos, entre otros más chocantes.