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El derrumbe ocurrido en el Beara Lounge Club del barrio de Palermo, que ocasionó la muerte de dos jóvenes y al menos 25 heridos, siguió generando polémica en cuanto a la responsabilidad del gobierno porteño. El subsecretario de Obras Públicas nacional, Abel Fatala, calificó por un lado de “caradura” al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, para luego criticarlo porque en lugar de seguir en Europa, en viaje oficial, debería estar en Buenos Aires “poniendo la cara” para dar las explicaciones del caso, en lugar de “echarles culpas a los demás”. Fatala consideró que Macri debe “asumir plenamente la responsabilidad que le compete como jefe de Gobierno”. Por su parte, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ratificó que lo ocurrido fue “una fatalidad”, porque “todo indica que hubo un mal uso de la instalación”, en alusión al entrepiso del boliche que se derrumbó.

Al mismo tiempo, Rodríguez Larreta relativizó la importancia del hecho, comprobado, de que el Beara estuviera siendo utilizado por realizar bailes y recitales, cuando no estaba habilitado para esos usos. “Si la gente hubiera pagado entrada o no, el accidente hubiera sucedido igual.”

En el debate terció el defensor adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Atilio Alimena, quien consultado por Página/12, confirmó que ayer hizo una visita al Beara Club, en Scalabrini Ortiz, para ver las instalaciones y “poder apreciar si son legítimas las manifestaciones de los funcionarios porteños en el sentido de que todo estaba en regla, desde el punto de vista de las habilitaciones, y que se trató de una negligencia” de los organizadores. “Hay que esperar las pericias y seguir analizando el tema de la habilitación que tenía el lugar y el uso que le daban sus propietarios.” En principio, Alimena cree que podría tratarse de “un mal cálculo” en la construcción del entrepiso, respecto del peso por metro cuadrado que podía soportar, o de lo contrario “que se haya permitido una sobrecarga”. Al mismo tiempo, varios legisladores cuestionaron las explicaciones que dio el viernes el titular de la Agencia de Control comunal, Javier Ibáñez.

“La situación es muchísimo más grave de lo que nos imaginamos, porque hay más de 100 locales que están mal habilitados, y eso conlleva peligro para la gente”, sostuvo Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica. Sánchez denunció que “controles y habilitaciones siempre fueron cajas y lo siguen siendo en el gobierno de Macri. Ahora se las reparten entre sus funcionarios”. El presidente del bloque de CC dijo que mañana va a continuar el informe oficial, esta vez con la asistencia del director de Habilitaciones, Martín Farrel, quien no fue el viernes porque “ahora está de vacaciones”, precisó Sánchez en tono crítico.

El subsecretario de Obras Públicas nacional, Abel Fatala, dijo que sentía “una profunda pena por lo sucedido pero también bronca, mucha bronca”, por la muerte de las dos chicas, Leticia Provedo, de 20 años, y Ariana Lizarrada, de 21. Para Fatala “no es un edificio lo que acá está en juego, ya que cuando hay muertes en el medio y heridos estamos hablando de vida, y es justamente lo que se está desmoronando”. Sostuvo por eso que “esto tiene que tener una asignación de responsabilidades, ya que estos hechos se producen por culpa de la desidia”.

Fatala opinó que el derrumbe se produjo “claramente porque no hay controles al nivel que tiene que haber”. En ese sentido consideró que a partir de esta situación “ya se tendría que estar convocando a la Universidad Tecnológica Nacional y a las facultades de Arquitectura e Ingeniería de la UBA” para que analicen el tema y busquen soluciones definitivas. También hay que llamar a “los Colegios de Profesionales de Arquitectura e Ingeniería y relevar de manera urgente los lugares donde tenemos boliches, para que tengamos la seguridad de que cuando vayamos nosotros y nuestros hijos no tengamos estas situaciones”.

“Hay que llamar a los que saben para poder resolver este tipo de situaciones”, porque “si estuviera controlado no se tendría que caer”, insistió Fatala. Respecto de su gestión en la Inspección General del gobierno porteño, durante la gestión de Aníbal Ibarra, Fatala sostuvo que había “entre 700 a 800 inspectores que tenían una rutina por barrio”. Agregó que “lo que queda claro es que después de que se cambia la estructura general a la actual estructura de control, evidentemente con el tiempo este tipo de organización no demostró ser más eficiente que la forma anterior”.

Sobre ese punto, opinó que los nuevos empleados “no tienen el nivel de conocimiento necesario para llevar adelante esta área” y que lo que aparece a la vista “es ineficiencia del gobierno porteño”. Al hablar sobre las nueve inspecciones que el gobierno dice haber realizado este año en el Beara, Fatala manifestó: “No puedo creer que hayan ido nueve profesionales en esas nueve inspecciones y no se hayan podido dar cuenta del nivel de precariedad que tenía esa estructura”. Fatala llegó incluso a decir que Macri debería pensar “seriamente sobre cuál es su futuro político”, porque se trata de “una persona que es totalmente indigna”.

En cambio, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ratificó que en el lugar se hicieron “todos los controles correspondientes” y que fue “una fatalidad” atribuible “a un mal uso de las instalaciones” por parte de los propietarios del local. Corroboró que la habilitación extendida por el gobierno era como “restó bar y para hacer fiestas privadas”. Insistió en que la actual gestión había clausurado el local por “desvirtuación de rubro” y que le aplicaron “20 días de clausura”, pero los dueños “apelaron a la Justicia, que luego levantó la sanción” administrativa. Remarcó que es “un caso de una fatalidad que se supone ocurrió porque mucha gente subió al entrepiso”.