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El último día de septiembre de 1992, el Senado dio la media sanción que faltaba a la Ley de Control de Tabaquismo, con amplio apoyo oficialista. Había sido impulsada por el ex ministro de Salud y Acción Social del alfonsinismo, Aldo Neri, y prohibía tanto la publicidad de cigarrillos como fumar en lugares públicos, además de dificultar el consumo a los menores de 16 años. El proyecto, tras haber sido aprobado en Diputados, estaba a días de perder estado parlamentario por falta de continuidad del trámite legislativo, pero una sorpresiva reacción del entonces vicepresidente del Senado Oraldo Britos la había rescatado a tiempo para una sesión maratónica en la que resultó aprobada. La sanción encontró al presidente Carlos Menem en Alemania; quince días después, al regresar, en lugar de promulgar la norma, la vetó en su totalidad. Durante esas dos semanas, arreció un intenso lobby empresario, mediático y publicitario, no siempre transparente. Las pruebas de lo turbio que había sido ese período aparecieron casi diez años después, cuando Estados Unidos obligó a las tabacaleras a desclasificar información interna y, entre esos papeles, brilló el manual de lobby aplicado al caso argentino.

La crónica de la noche en que el proyecto se volvió ley rescató que los únicos fumadores durante el debate habían sido los senadores Edison Otero y Luis Brasesco. Pedro Molina, presidente de la Comisión de Salud y miembro informante por la mayoría, dio cuenta de las estadísticas oficiales sobre la incidencia del tabaquismo sobre la salud pública y el índice de mortalidad. Al mismo tiempo, circulaban las versiones acerca de que Britos había fogoneado el tratamiento de la ley como venganza contra las tabacaleras, que no habían cedido a un pedido de coimas. La acusación nunca fue probada, pero los papeles de las tabacaleras desclasificados en 2002 daban cuenta de una reunión confidencial sostenida con Britos previamente a la sanción.

Por entonces, se estimaba que la ley afectaría un negocio de unos 2000 millones de dólares anuales, 1800 de los cuales, supuestamente, aportaban a las arcas fiscales. El 36 por ciento de la población era considerado fumador habitual; unas 40 mil personas morían cada año por enfermedades derivadas del tabaquismo. En Estados Unidos y Europa aún se debatía si prohibir o no la publicidad de los cigarrillos.

El proyecto aprobado entonces indicaba que cada atado debía especificar la composición del producto, a excepción de los filtros: era preciso que detallaran la cantidad de nicotina y alquitrán, entre otros componentes. El mismo día en que fue aprobado, en Santa Fe entraba en vigencia el decreto del gobernador Carlos Alberto Reutemann conocido como “Apague el cigarrillo”, por el cual quedaba prohibido fumar en la Casa de Gobierno, la Legislatura y los tribunales provinciales.

El 13 de octubre, al regresar de la visita oficial a Alemania, el presidente Menem anunció que vetaría de forma total la norma y prometió que, luego, enviaría al Congreso un proyecto consensuado con todos los sectores. Su intervención, explicó, tenía por objetivo proteger a los supuestos “4 millones de personas” que vivían de la industria tabacalera. Fuentes del sector, sin embargo, cifraban en un máximo de 100.000 los empleados posiblemente damnificados.