José Eduardo Sotelo, un importante testigo del asesinato de Mariano Ferreyra, denunció que fue víctima de un secuestro express el miércoles por la tarde, en el que cuatro hombres lo subieron a un Fiat Duna, lo golpearon y le advirtieron que “cambiara su declaración”. En enero había sufrido un episodio similar y, según declaró en la Fiscalía de Marcelo Roma, fueron las mismas cuatro personas que lo atacaron por entonces, de quienes ya elaboró un identikit. Las amenazas e intimidaciones han sido una constante en la investigación del crimen del militante del Partido Obrero (PO) y fueron un agravante por el que la Justicia negó la excarcelación de los detenidos, que ya están encaminados a juicio oral, con el líder de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza a la cabeza.

Sotelo declaró durante la investigación que llevaron adelante la jueza Wilma López y la Fiscalía (primero a cargo de Cristina Caamaño, ahora viceministro de Seguridad, y luego Fernando Fiszer). Su testimonio fue esencial para determinar la responsabilidad de los dos hombres de la patota ferroviaria que atacaron a los tercerizados que se habrían ocupado de recoger y hacer desaparecer las armas: el picaboletos Guillermo Uño y el portero de los talleres de Remedios de Escalada. El día que mataron a Ferreyra, Sotelo relató que estaba de casualidad en Barracas. Salía de la casa de unos amigos cuando se topó con la gresca. Al parecer, fue un observador muy directo de los hechos. Identificó a Uño como quien le entregaba a Pérez las armas que, según las juezas, dispararon Cristian Favale y Garbriel Sánchez. También relató que los habría oído decir “negro, negro le dimos”, y Pérez contestaba “háblenlo con Pablo”, por Pablo Díaz, el delegado acusado de estar al mando de la patota.

Desde el verano que Sotelo tiene custodia policial, aunque no sería permanente. El miércoles aguardaba el colectivo en la provincia de Buenos Aires para ir a encontrarse con su custodio, cuando lo interceptaron dos autos. Según declaró en la Fiscalía, lo subieron a un Duna blanco con cuatro personas: las mismas, dijo, que lo amenazaron en enero. Después de golpearlo con un arma y advertirle que cambie su declaración, lo habrían dejado en Capital, en la villa Zavaleta (21-24). Con identikits, la Justicia intenta ubicar a los agresores. Otros testigos y hasta Caamaño tuvieron aprietes telefónicos y en persona.