Hasta el ofrecimiento de 1999, nadie en Radio Nacional sabía que el terreno que ocupaba la Planta PTX no le pertenecía al Estado, ya que Telecom no intentó tomar posesión del predio. El 12 de julio de 2000 la entonces Dirección Nacional del Servicio Oficial de Radiodifusión realizó una denuncia ante la Oficina Anticorrupción por el delito de estafa. En 2000 el Estado Nacional inició una acción de lesividad en la que reclamó la devolución del predio o una compensación los daños y perjuicios equivalentes a su valor. La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal 2 a cargo de Esteban Furnari. La Oficina Anticorrupción también presentó una demanda penal que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7, contra Alsogaray, Fox y Abreu por falsificación de documentos públicos. El 28 de diciembre de 2001 Alsogaray fue procesada por ese delito por la Sala II de la Cámara Federal, que consideró a Abreu como cómplice secundario y a Fox como “cómplice necesario del delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública”. La instrucción se cerró en 2004. El juicio debía iniciarse el 15 de marzo de este año, pero fue suspendido una vez más por supuestas razones de salud de Alsogaray.