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El juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, ordenó la detención de diez represores, ejecutores directos de la Masacre de Margarita Belén, en la que los militares de la última dictadura ejecutaron a 22 detenidos. “Después de muchos años se comenzó a hacer justicia. La emoción impide cualquier análisis pero aún faltan muchos responsables, afirmó Dafne Zamudio, hija de una de las víctimas del hecho por el que está acusado el ex jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni.
Skidelsky firmó ayer por la noche la orden de detención de los represores Jorge Alcides Larrategui, Athos Gustavo Renes, Rafael Carnero Sabol, Norberto Raúl Tozzo, Alberto Pateta, Ernesto Jorge Simoni, Aldo Héctor Martínez Segón, Horacio Losito, Guillermo Reyes y Germán Emilio Riquelme. Hace tres meses, el magistrado había declarado la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, paso necesario para encerrar a los militares. “Las dos leyes del olvido vinieron a aumentar el oprobio que sufría la sociedad argentina”, afirmó en la resolución, en la que consideró que la existencia de miles de desaparecidos “dejó de ser un problema privado, dejó de reducirse a una mera situación judicial que enfrenta a familiares afectados con militares o personal de seguridad como imputados, pues este hecho se origina en una política de Estado y las consecuencias por supuesto no sólo afectan a las víctimas sino al conjunto de la sociedad y por lo tanto requieren una respuesta social, pública y política”.
Esta causa se inició en mayo de 2001 por una denuncia del presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, que contó con el apoyo de HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). En la presentación se solicitó la anulación de las dos leyes que impedían juzgar a los responsables y se acusó, como uno de los responsables mediatos de la masacre, al ex jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, quien fue secretario de la intervención del Chaco durante la última dictadura.
La masacre se ejecutó en la noche del 12 de diciembre de 1976, cuando la guardia llamó a algunos presos y les indicó que se prepararan para un futuro traslado. Los autos que los llevaban se dirigieron por la Ruta 11 en dirección a Formosa. En un camino lateral, a las 4.30 de la madrugada, 22 detenidos fueron ejecutados. Estaban fuertemente maniatados y físicamente debilitados a raíz de la tortura. Los asesinatos intentaron ser encubiertos con la figura de un “enfrentamiento con delincuentes subversivos”.
Mario Bosch, abogado de HIJOS de Chaco, explicó a Página/12 que estos diez represores que deberán ser encerrados ahora fueron los ejecutores directos de la masacre, quienes asesinaron a los presos y fueron parte del convoy que –dirigido por Renes– condujo a las 22 personas a la muerte.
“Es un día de felicidad pero nuestro reclamo sigue y sigue ahora en dos sentidos: hacia los responsables máximos, porque no nos olvidamos que acá hubo un plan sistemático de exterminio y además hacia los cómplices civiles y los funcionarios judiciales y el médico de sanidad, Héctor Grillo, quienes fueron partícipes necesarios del hecho”, afirmó Dafne Zamudio.
Carlos Zamudio fue detenido en Misiones en setiembre de 1976 y llevado luego a Resistencia, de donde era oriundo. El Ejército le dijo a su mujer que se había fugado, aunque después le dijeron que había muerto en un tiroteo en Misiones. Posteriormente le aseguraron que había fallecido en el “enfrentamiento” de Margarita Belén. Cuando solicitó la entrega del cuerpo, le contestaron que lo habían inhumado en Misiones. Finalmente le dieron un cajón herméticamente cerrado y le ordenaron no abrirlo.