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La Constitución norteamericana es, en varios aspectos, más federal que la Argentina. Por ejemplo, en la nuestra hay códigos de fondo que son nacionales, en el Norte cada Estado dicta los suyos. Por eso, en algunos hay pena de muerte y en otros no, algo impensable en estas pampas.

La Presidenta apuntó, con razón, que la actualización de códigos avejentados o desactualizados forma parte de la “Democratización de la Justicia”.

Es valioso el afán de darle coherencia a un Código Penal emparchado, empiojado por reformas de distinto signo, con penas incongruentes. Se convocó a juristas valorados, de un arco amplísimo en lo político ideológico. Nada hubo de sectarismo ni de partidismo, enhorabuena. La labor insumirá un tiempo prolongado, sus pininos son impecables.

El proyecto de Código Civil y Comercial, que unifica a los que eran dos en el pasado, ya tiene estado parlamentario. Es una ley ómnibus, de miles de artículos. Será imposible encontrar alguien que concuerde con todo el texto o aun que lo conozca a fondo.

El aggiornamento era imprescindible. La valoración de las reformas se irá midiendo cuando se debata el proyecto en el Congreso. Fortalecida y envalentonada por la llegada del papa Francisco, la jerarquía de la Iglesia Católica quiere reabrir un debate que se había cerrado sobre ciertas temáticas que le dan urticaria y que avivan sus tradicionales reflejos intervencionistas. Su ideología en lo atinente a ampliación de derechos y secularización se conocen. Su integrismo, imponer sus criterios confesionales al conjunto de la sociedad, siempre acecha.

En el contexto de una reforma judicial que confronta con el poder de las corporaciones, sería aciago que una de las más poderosas y reaccionarias recuperara terreno, al calor de una coyuntura política favorable.