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Parte del futuro de Santiago del Estero depende en este momento de la relación de fuerzas que pueda establecer el kirchnerismo dentro del Congreso. Una fracción de los diputados del oficialismo cercanos al Presidente y el duhaldismo estarían apoyando una intervención de alto calibre sobre Santiago. Están convencidos de que frente al “catastrófico” escenario planteado por el informe del Ministerio de Justicia, una intervención judicial no basta. De mínima exigen la renuncia de Mercedes Aragonés de Juárez, un pedido que de acuerdo a lo que pudo saber Página/12 ya habría sido planteado. El menemismo más cercano al viejo Carlos Juárez, en cambio, empuja una intervención limitada y acotada a la órbita judicial. En el arco opuesto queda Juárez, sus 50 años en Santiago, la derrota del último domingo en las elecciones municipales y sus maniobras tormentosas por salvarse. Ayer, por primera vez, habló públicamente sobre el tema el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, y aunque anunció definiciones para las “próximas horas”, su entorno está convencido de que la última palabra la tendrá el Presidente después del viaje a Estados Unidos.
Las declaraciones de Beliz alentaron durante todo el día cierta expectativa sobre las definiciones pendientes en Santiago del Estero. Después de varios días de estricto silencio, que se mantuvo incluso durante la visita de sus dos emisarios a la provincia de los Juárez, Gustavo Beliz salió con una suerte de proclama en la que en realidad no dijo demasiado: “En las próximas horas –vaticinó– se definirán los pasos institucionales y legislativos” para la intervención del Poder Judicial en Santiago. Le habían preguntado sobre la decisión del Gobierno sobre el tema: Beliz dijo que el Ejecutivo nacional “no permanece indiferente”. La intervención, según dijo, ya está en marcha dado que su propio ministerio envió una comisión para relevar los casos.
Las próximas horas mencionadas por Beliz no parecen ni tan cortas, ni tan rápidas. Sus voceros saben que Santiago del Estero es un tema que terminará de resolverse en Presidencia. Hasta ahora, Néstor Kirchner sólo tuvo información de forma oral sobre el caso. La situación se la transmitió Beliz después del paso de sus emisarios por la provincia. Y ahora el paso siguiente será, según las fuentes consultadas, analizar el informe que termina contra reloj la Secretaría de Derechos Humanos. Algunas fuentes indicaban que la primera versión del informe final estaba finalizándose anoche y que Kirchner recién tomaría alguna decisión después del viaje a Estados Unidos.
En tanto, la apuesta del Gobierno parece clara: las turbulencias servirían para alentar el proceso de desgaste que vive la provincia. Parte de ese escenario de “crisis orgánica” salió a la luz durante los últimos dos días. La gobernadora salió a dar batalla sobre los nubarrones que se le aproximan. Para hacer buena letra, apuntalada con las recomendaciones de la Secretaría de Derechos Humanos, puso en disponibilidad a toda la policía de Santiago y consiguió la apertura de una investigación por torturas incluida en el preinforme de la comisión encabezada por Eduardo Luis Duhalde. Esa demostración, sin embargo no alcanza, sus hombres más leales, sobre todo en el Senado, ya están abandonando el barco y buscan alianzas y acuerdos con el menemismo para lograr que la intervención se limite al Poder Judicial.