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Por A. D.

El jueves, faltaban sólo “horas” para que el Gobierno nacional decidiera su posición sobre Santiago del Estero. De ese modo, lo había manifestado el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, después de algún encuentro en la Rosada. La difusión que hizo este diario sobre el preinforme de Santiago del Estero de la Secretaría de Derechos Humanos aceleró la visualización pública del estado de la crisis institucional y jurídica en la provincia y generó cierto escozor en el Gobierno. Aníbal Fernández, durante la mañana y en diálogo con una de las emisoras santiagueñas, aceptó que la provincia es uno de los temas de la agenda nacional y que la situación es “grave” y “crítica”. Pero aun así, la decisión del Ejecutivo sobre los pedidos de intervención en la provincia todavía no llega: el Gobierno está decidido a esperar, alentando un plan consensuado con el Congreso. En tanto, unos 3000 santiagueños ayer volvieron a la calle para llevar adelante su propio reclamo de Justicia con la marcha número 25 y pidieron avances con la resolución del doble crimen de La Dársena.
Los Juárez tienen la provincia casi paralizada por una sucesión de conflictos internos con frentes distintos, disparados en los últimos días. El gremio sanitario, el docente, los familiares del doble crimen de La Dársena, la organización de las Madres del Dolor y hasta la Policía –que amenazaba con un autoacuartelamiento– buscaron distintos modos de hacerse oír y poner al día sus reclamos en medio de la crisis.
En ese marco, anoche volvían a repetirse las caminatas sobre el centro de la ciudad, encabezadas por los padres de Leyla Bshier Nazar y Patricia Villalba. Como buena parte del país, ayer supieron que la investigación del caso cambiaba nuevamente de manos. Esta vez, la causa pasó a manos de Mabel Bravo, una de las primeras abogadas que entró en contacto con los familiares de Patricia Villalba, cuando nadie quería tomar el caso. Bravo era socia de Luis Santucho y es una de las que estuvo más cerca de las pistas que se fueron recogiendo sobre la hipótesis que vincula los crímenes con la fiesta en Guayamba y los hijos del poder. Aunque su designación como jueza del Crimen de La Banda fue por concurso público, parece responder a una estrategia del gobierno santiagueño, que desesperadamente busca consenso y alguna salida para evitar la gran caída. Arrulfo Hernández es el fiscal general de la provincia que había tomado el caso de forma provisoria y después de la renuncia de Dardo Herrera, el segundo juez de la causa. Ayer consideraba oportuno el reemplazo: “Mi situación al frente de la causa –dijo– era temporaria, siempre va a ser mejor que la jueza titular tome las medidas que corresponda”.
El padre de Leyla, Younes Bshier, sacaba sus propias conclusiones, anoche, durante la caminata. “La causa volvió a foja cero, sigue el encubrimiento, las agresiones y aprietes contra los testigos”, denunció.