“El trabajo, como la educación, es importante porque permite la reinserción social de las personas con privación legítima de la libertad. Hace falta dictar un estatuto especial que tenga en cuenta esta situación tan singular”, explicó a Página/12 Alvaro Ruiz, abogado especializado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Su opinión se inscribe en las reacciones de distintas personalidades de ámbitos políticos y sociales en respaldo al fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que hizo lugar a un recurso de hábeas corpus para garantizar a los presos los mismos derechos laborales que al resto de los trabajadores. El jurista Leandro Halperín sostuvo que “los presos que trabajan ganan dinero por trabajar, no por estar presos”. El único político que salió abiertamente a criticar el fallo fue el candidato opositor Sergio Massa.

Ruiz, quien además se desempeña como subsecretario de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, consideró que el fallo cuestiona la aplicación de la legislación del trabajo en las cárceles. “Hay que ajustar la normativa vigente porque no contempla la adaptación a esta situación particular. Este tipo de trabajadores tiene derechos individuales y colectivos de trabajo como cualquier otra persona, que deben regularse adecuadamente”, señaló.

“Estas personas que se encuentran en condición de encierro son trabajadores como cualquier otra. La pena de la privación legítima de la libertad es sólo eso. Una persona que trabaja en la cárcel tiene que tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano porque así lo indica la Constitución. El Estado, como empleador, debe cumplir con las obligaciones que le demanda el derecho laboral”, aseguró a este diario Juan Pablo Mugnolo, doctor en Derecho del Trabajo y docente especializado de la Universidad de San Andrés y en la Universidad de Buenos Aires.

Para Mugnolo, un aspecto positivo de la decisión de la Sala II de Casación es el pedido de que se elabore un régimen especial para este tipo de trabajadores privados de su libertad. “Para cualquier persona, el derecho al trabajo supone una situación de desigualdad con respecto a un empleador. En el caso de la persona que está en la cárcel, esta desigualdad es doble por encontrarse en situación de encierro. El Ente de Cooperación Técnica y Financiera (Encope), dependiente del Servicio Penitenciario Federal, es el organismo encargado de otorgar empleo en cárceles. Entonces, la figura que le da trabajo es la misma que lo tiene que controlar. Es una situación sensible”, remarcó.

En la misma línea, el jurista Leandro Halperín, especialista en Derechos Humanos y Políticas Penitenciarias, sostuvo que “no promover la educación y la capacitación para el trabajo en la cárcel es contrario a la ley y perjudicial para la paz en el medio libre. Los presos que trabajan ganan dinero por trabajar, no por estar presos. Se les debe pagar lo que la ley dice, lo contrario sería violar le ley”, advirtió.

Uno de los más críticos con la decisión de Casación fue el aspirante a la Presidencia Sergio Massa, al afirmar que “mientras se garantiza el derecho de los presos a tener un sueldo, se le quita un ingreso a la gente con (el Impuesto a las) Ganancias”.

Massa fue el único político que salió abiertamente a cuestionar el fallo, ligándolo al reclamo abierto hacia el Gobierno para que exima del pago de Ganancias al inminente medio aguinaldo.

Informe: Gonzalo Olaberría.