Además de las condenas a perpetuas, los jueces ordenaron extraer testimonios escuchados en casi un año de juicio que servirán para investigar la participación civil en los crímenes cometidos en El Vesubio, como también la comisión de delitos contra la propiedad, algo que había solicitado la querella encabezada por el CELS e integrada por el equipo jurídico KAOS y los abogados Pablo Llonto y Liliana Mazzea en su alegato. “Pedimos que se investigue la intervención de la Iglesia a través de la figura de (el ex capellán Emilio) Graselli. Muchos sobrevivientes y familiares, en varias causas judiciales, no sólo en ésta, dan cuenta de la información con la que contaba Graselli sobre la situación de los desaparecidos”, explicó Luz Palmas Zaldúa, coordinadora del Programa Memoria, Verdad y Justicia del CELS. Esa querella también solicitó que se extraiga información del debate terminado para investigar a integrantes del Poder Judicial que no tramitaron debidamente hábeas corpus interpuestos para saber paradero de desaparecidos. Por último, el Juzgado de Instrucción Nº 3, a cargo de Daniel Rafecas, también deberá investigar los “robos que cometieron los integrantes de la patota de El Vesubio, que cuando allanaban los domicilios de las víctimas, además de secuestrarlos, se llevaban todo cuanto podían”.