Los jueces de Casación Federal Ana María Figueroa, Gustavo Hornos y el subrogante permanente Luis Cabral fueron sorteados para entender en la causa por la denuncia de Natalio Alberto Nisman contra Cristina, su ministro Héctor Timerman y el diputado Andrés Larroque, por presunto encubrimiento a los acusados iraníes por el atentado de 1994. La denuncia fue sostenida por los fiscales Gerardo Pollicita y Germán Moldes y desestimada por el juez federal Daniel Rafecas y por los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, con el voto en disidencia de Eduardo Farah. Moldes sostuvo la apelación e intentó apurar los trámites de modo de elegir al fiscal de turno, Ricardo Wechsler, pero la maniobra fracasó y la causa recién entró al tribunal durante el turno de Javier De Luca, a quien Moldes satanizó por ser integrante de Justicia Legítima, como si se tratara de una asociación ilícita o una enfermedad contagiosa. Si De Luca respaldara la denuncia, la Cámara de Casación debería decidir si confirma la desestimación de primera y segunda instancia u ordena abrir la investigación. En cambio, si el fiscal no sostuviera la acusación, la Cámara de Casación no llegaría a intervenir. De Luca puede hacer esto de dos maneras distintas: por omisión, con el mero silencio, o con un pronunciamiento razonado que, en la línea de Rafecas, Ballestero y Freiler, explicara por qué no hay ningún delito del que pueda acusarse a la presidente y sus colaboradores. Para De Luca es la ocasión de responder con sólidos argumentos jurídicos a las descalificaciones y ofensas que le dirigió Moldes, en un tono de pendencia callejera asombroso en los tribunales. Por contraste, la legitimidad del fiscal De Luca quedaría resaltada.