“Ni una menos” tiene cinco reclamos puntuales, que forman parte del compromiso firmado ya por algunos políticos. En primer lugar, la implementación, con recursos y monitoreo, del Plan Nación de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la violencia contra las mujeres, que establece la Ley 26.485. En segundo, que se garantice el acceso de las víctimas a la Justicia, algo para lo cual debe haber personal idóneo y capacitado para recibir las denuncias, pero también algún mecanismo judicial que no revictimice a las víctimas, y también que ellas puedan disponer de patrocinio jurídico gratuito durante todo el proceso judicial. En tercer término, que se elabore un Registro Oficial Unico de víctimas de violencia contra las mujeres, porque “sólo dimensionar lo que sucede permitirá el diseño de políticas públicas efectivas”. En cuarto lugar, el compromiso estipula que se garantice y profundice la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos, en todo el país, y que se capacite y sensibilice a docentes y directivos al respecto. Finalmente, el quinto punto del compromiso es el pedido de que se garantice la protección de las víctimas de violencia con monitoreo electrónico de los victimarios, “para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que les impone la Justicia”.